El plan piloto de libre elección de lengua no es el TIL

Cada cual es muy libre de defender sus postulados ideológicos y políticos como le parezca conveniente, porque para eso hay democracia y unos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en las leyes. Pero si la defensa de una posición política determinada, incluye incumplir la Ley y vulnerar derechos reconocidos en la legislación democráticamente aprobada en el Parlament, esa defensa deja de ser lícita para convertirse en espuria. Más aún cuando ese posicionamiento lo protagonizan trabajadores públicos, en este caso docentes, que pretenden utilizar su puesto de trabajo para impedir ilícitamente que el Govern cumpla con las leyes que son aprobadas en la Cámara autonómica.

Justamente esto es lo que persiguen un centenar de docentes catalanistas radicales que, con el argumento de defender el catalán en la educación, buscan impedir que se cumpla la Ley de Educación de Baleares, aprobada en 2022. Que, además, eso se haga con el aplauso y la complicidad de los grupos políticos que aprobaron esa Ley (PSOE, Més y Unidas Podemos) y que formaban parte del Govern del Pacte presidido por Francina Armengol, resulta un contrasentido y una auténtica burla.

Tampoco es admisible que se insista en torpedear el derecho a la libre elección de lengua en la Educación que reconoce la Ley y que se comenzará a ejercer a partir del próximo curso en cuarto, quinto y sexto de primaria, en los centros educativos que así lo acuerden, sin ninguna imposición. Desde luego, que entidades como la Obra Cultural Balear y el sindicato STEi se opongan radicalmente a la implementación del plan piloto cuyas líneas maestras explicó la semana pasada el conseller de Educación y Universidades, Rafael Vera, sin ofrecer ninguna alternativa y con absoluto desprecio por los derechos de los alumnos, es todavía más intolerable.

La ‘Assemblea de Docents’ cree estar en condiciones de volver a abrir una confrontación con el Govern y con la mayoría del Parlament que le da apoyo, emulando lo sucedido hace diez años con las protestas contra el decreto de trilingüismo de José Ramón Bauzá. Pero no cabe la menor comparación posible entre aquella situación y la actual. Básicamente porque entonces se trató de una imposición sin medios y sin el menor consenso. Y ahora, la libre elección de lengua se aplicará voluntariamente, sin imposiciones y con recursos para quien así lo desee.

Si los docentes catalanistas quieren hacer política, como es el caso, son libres de hacerla pero no desde los colegios e institutos, no desde las aulas y tomando como rehenes a los alumnos, que también tienen derechos que la Ley reconoce.