El ojo que todo lo ve: miles de cámaras nos vigilan cada día

Cámaras de tráfico, en bancos, gasolineras, centros comerciales, transporte público... Por no hablar de que prácticamente la totalidad de la población cuenta con un móvil con cámara, que puede ser utilizada en cualquier momento. Si nos paramos a pensarlo, son muchísimas las cámaras a las que estamos expuestos cada día y en cualquier situación de nuestra vida cotidiana. Durante un simple paseo por Palma podemos ser grabados por múltiples cámaras que siguen nuestros pasos.

Evidentemente, esta abundante vigilancia tiene grandes beneficios, sobre todo el de la seguridad ciudadana. Robos, agresiones, incivismos y otras actividades delictivas quedan más expuestas ante la presencia de las cámaras, y es una medida que ayuda mucho a prevenirlas.

Los últimos datos arrojan que, a día de hoy, hay una cámara de videovigilancia por cada 50 habitantes en España, aproximadamente. Y la tendencia es alcista: cada vez se instalan más cámaras, sobre todo después de la pandemia de la Covid-19.

¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA VIDEOVIGILANCIA?

Podrá haber contradicciones en lo que piensan los ciudadanos acerca de la abundancia de cámaras que vigilan permanentemente las calles, pero, ¿qué dice la ley? De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, "las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones". Además, su instalación está supeditada a la autorización de las Fuerzas de Seguridad.

Las imágenes que graban las cámaras de videovigilancia se almacenan en un fichero propio y solo podrán ser guardadas durante el plazo de un mes como máximo. No es obligatorio obtener consentimiento explícito de las personas que van a ser grabadas, pero sí lo es informar sobre la presencia de estas cámaras.

Las cámaras solo podrán situarse en ciertos lugares previstos por la ley. De ningún modo podrán colocarse en aquellos sitios donde supongan una vulneración de los derechos y libertades de las personas o atenten contra su derecho a la privacidad o intimidad (vestuarios, baños, etcétera). Además, el acceso a las imágenes no es ni debe ser público, sino que está limitado al responsable del tratamiento o al personal de seguridad encargado del tratamiento de las imágenes dentro de la empresa en cuestión.

EL EXTREMO CASO DE VIDEOVIGILANCIA EN CHINA

En China, más de 500 millones de cámaras respaldadas por el gobierno conforman un sistema de vigilancia sin precedentes. Este gran ojo del Estado no solo registra movimientos, sino que también almacena datos genéticos en grandes bases de datos. Recientemente, también se implementó un sistema de inteligencia artificial para prever crímenes.

La obsesión por la vigilancia extrema se intensificó durante la pandemia. La provincia de Fujian, por ejemplo, conserva imágenes de 7.000 cámaras durante 180 días, acumulando un asombroso registro de 2.520 millones de imágenes. Este control se justifica como medidas para garantizar la "estabilidad social", según documentos gubernamentales.

Es muy complicado que España alcance estos números, pero es una realidad a la que nos acercamos cada día más.

En un futuro cercano, la tendencia sugiere un aumento significativo en el número de cámaras de videovigilancia. Mientras algunos ven en esto una herramienta necesaria para la seguridad, otros lo consideran una amenaza para la privacidad. En última instancia, el equilibrio entre la seguridad pública y la preservación de la privacidad se erige como un debate en una sociedad cada vez más vigilada. ¿Dónde hay que establecer el límite? ¿El Gran Hermano es imparable?