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Los populares de Baleares defienden su ley antiokupas ante un 'incremento evidente'

Los populares de Baleares defienden su ley antiokupas ante un "incremento evidente"

Por Tommy M. Jaume / Europa Press
viernes 09 de febrero de 2024, 19:16h

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El PP de Baleares ha defendido este viernes la proposición de ley que en materia de okupación ha impulsado la formación a nivel nacional ante el "incremento evidente" de este fenómeno en el archipiélago y sus efectos en la convivencia.

Maria Salom y Martí Torres, los senadores 'populares' por Mallorca, han detallado algunos contenidos de la ley, que el Senado aprobó el miércoles, asegurando que la actual normativa "está siendo utilizada de manera fraudulenta debido a los agujeros que tiene".

Por su parte, Salom ha criticado la "pasividad" del Govern anterior y que, ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez "esté ocupado en otras cuestiones". "La okupación está en alza y es un problema que va a más y en la mayoría de casos detrás del fenómeno hay mafias organizadas para delinquir", ha subrayado la senadora del PP.

Además, ha apuntado que la okupación ilegal se ha incrementado un 37 por ciento desde que Sánchez es presidente del Gobierno. Según ha añadido, en 2022 se denunciaron 16.726 okupaciones. "Imaginen la okupación que habrá sin denunciar", ha señalado.

Salom ha insistido en que el fenómeno de la okupación ilegal merece tolerancia cero porque atenta contra el derecho a la propiedad privada, genera conflictos en los edificios y en los barrios y tiene a vecinos y propietarios "preocupados y atemorizados".

EL RECUERDO DE CASADO

Hace cinco años, en concreto el miércoles 30 de octubre de 2019, el por entonces presidente del PP, Pablo Casado, prometió en Palma que si ganaba las elecciones generales aprobaría una ley antiocupación que prevía que los okupas se enfrentasen a penas de cárcel de uno a tres años, como "estaba en el Código Penal" del PP, para luchar contra las "mafias que hay que erradicar".

DESALOJO EN 24 HORAS

Regresando a la actualidad, el PP hizo valer el miércoles su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley orgánica contra la 'okupación', que, entre otras cosas, establece mecanismos para el desalojo en 24 horas e impide el empadronamiento en dicha vivienda.

La toma en consideración de la proposición de ley orgánica contó con los 144 votos a favor del PP y sumó el apoyo de Vox y UPN, mientras que el PSOE y sus socios parlamentarios votó en contra. Ahora, la iniciativa pasa al Congreso de los Diputados, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta.

Según el texto de la proposición de ley, el PP quiere que se obligue al desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad, y si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa.

Además, la proposición de ley orgánica impide "que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada" e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por este asunto.

Del mismo modo, contempla una modificación del artículo 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.

"LA IMPORTANCIA DE PROTEGER A LOS PROPIETARIOS"

En términos similares se ha pronunciado el senador ibicenco Miquel Jerez, que ha reiterado que el derecho a la vivienda no consiste en okupar la de los demás. El 'popular' ha puesto de relieve la "importancia de proteger a los propietarios ya que las últimas estadísticas reflejan una okupación creciente en España y también en Ibiza a causa de las políticas de tolerancia del Gobierno central.

"Ha llegado la hora de poner fin a la violación sistemática de las propiedades de los demás. Con esta ley se aceleran los mecanismos procesales y se elimina la posición dominante del okupa frente a la vulnerabilidad del propietario. Se trata de poner las cosas en su sitio", ha reiterado.

En cuanto al empadronamiento, Jerez ha señalado que no puede ser que quien okupa ilegalmente mantenga un empadronamiento legal en la vivienda usurpada. "Si la conducta es ilegal, el empadronamiento también", ha insistido.

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