ANEFHOP denuncia el “absoluto silencio desde hace 5 meses, no habiéndose dado respuesta a ninguna de las denuncias presentadas y no habiendo adoptado tampoco medida alguna para impedir el montaje definitivo de la planta hormigonera ni tampoco el postrero desarrollo presuntamente ilegal de la actividad hormigonera”.
En agosto del año pasado ANEFHOP denunció, al parecer sin éxito, ante la Dirección General de Industria y Polígonos Industriales de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía del Govern, la instalación de una nueva planta de hormigón dentro de la explotación de recursos de la cantera de Son Bugadellas.
La citada patronal ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Conselleria que dirige Alejandro Sáenz de San Pedro que, en caso de constatarse el incumplimiento de la normativa, se incoe el correspondiente expediente sancionador y se impida de manera inmediata la producción y venta del hormigón, incluso procediendo al precintado de la planta y a la imposición de sanciones económicas.
Sin embargo, la Conselleria lleva cinco meses sin responder a las denuncias presentadas por ANEFHOP, entidad que muestra su preocupación por el incumplimiento de la normativa y ante la evidencia de que se estén llevando a cabo actividades industriales relacionadas con el hormigón preparado al margen de la legalidad.
Como viene informando este digital desde hace meses, la planta de hormigón se ha instalado completamente y se está llevando a cabo la actividad de fabricación y distribución de hormigón con total normalidad y hasta impunidad, a pesar de no disponer, aparentemente, de las licencias y autorizaciones administrativas necesarias para dicha actividad.
Según la denuncia a la que ha tenido acceso mallorcadiario.com, ANEFHOP no descarta la interposición de acciones legales en defensa de sus legítimos intereses y la persecución de las responsabilidades patrimoniales de la Administración por los daños y perjuicios ocasionados al resto de empresas de hormigón de la zona legalmente instaladas, e incluso del orden penal que se puedan derivar de los hechos que motivan el presente escrito.
AUTORIZACIÓN
El conseller Sáenz de San Pedro explicó a mallorcadiario.com que la planta de hormigón instalada en el interior de la cantera de Son Bugadellas (Calvià) está amparada por una autorización de su departamento.
"En Son Bugadellas hay una empresa que explota la cantera, que nos pide autorización para hacer una serie de instalaciones a través de la Dirección General de Industria. Nosotros autorizamos esas instalaciones e hicimos una inspección recientemente y el objeto de esa autorización la sigue cumpliendo. Se le autorizó instalar una serie de elementos, porque nosotros desde la Dirección General de Energía autorizamos instalaciones, no autorizamos otra cosa que no sea instalaciones; y la inspección que hicimos cumple con el objeto de esa autorización”, explicó recientemente el conseller. De este modo, el conseller reiteró que se había autorizado la instalación de elementos adicionales y que se ajustaban a la autorización, algo que se había comprobado en una inspección de técnicos de la Conselleria, pero se desentendió de la actividad de fabricación de hormigón que se lleva a cabo y para la que no hay autorización alguna.
Sin embargo, ANEFHOP sostiene en su denuncia presentada a finales de enero y suscrita por su responsable jurídico, Carlos Mª Parra García, que además de haber instalado determinados elementos que, al parecer, contaban con autorización, “la instalación de estos otros elementos industriales –no declarados ni por supuesto autorizados–”, lo que evidencia que “lejos de encontrarnos ante una modificación no sustancial de los elementos preexistentes de la cantera, estamos ante la instalación “por la puerta de atrás” de una fábrica o planta de hormigón en el interior de dicha cantera. Cuando lo cierto es que en dicha explotación no ha existido nunca previamente una planta de fabricación de hormigón”.
“Esta circunstancia, completamente torticera y hasta fraudulenta en opinión de esta parte, se aleja radicalmente tanto de lo solicitado como de lo autorizado en la modificación no sustancial planteada, pues realmente lo llevado a cabo se trata en la práctica de una modificación sustancial o significativa (la instalación de una planta de hormigón donde no había ninguna preexistente), que afecta además al medioambiente, al consumo energético y al consumo de agua, además de provocar más molestias en la zona a causa del incremento del tráfico de vehículos pesados, el ruido, el polvo y las vibraciones producidas por la actividad de la nueva planta”, denuncia ANEFHOP.
En opinión de la entidad denunciante, “la planta de hormigón que nos ocupa debería tramitarse como una nueva instalación industrial en la cantera y someterse, en consecuencia, a la preceptiva autorización de Minas, Evaluación de Impacto Ambiental, con su respectivo periodo de exposición pública donde los afectados puedan presentar alegaciones al proyecto, e incluso las correspondientes licencias municipales, algo que no se ha llevado a cabo”.
ANEI
Cabe recordar que la nueva planta de hormigón está ubicada en zona catalogada como ANEI (Área Natural de Especial Interés), por lo que, según la Ley de Ordenación Minera de Baleares, debe someterse a un nuevo proyecto y trámite ambiental.
“Ante la falta de la preceptiva tramitación administrativa prevista por la legislación vigente para estos casos, ante la preceptiva autorización de minas para la instalación de una planta de hormigón “ex novo”, ante la falta de preceptiva evaluación de impacto ambiental de la planta hormigonera, ante la falta del preceptivo trámite de exposición y audiencia pública, y ante la falta de las preceptivas licencias municipales, solo puede concluirse que, de encontrarnos en esta situación, la planta hormigonera de autos es una instalación completamente al margen de la legalidad. Y que, por tano, esta Dirección General, conocedora de dicha situación, no puede permitir el mantenimiento de su actividad industrial de fabricación y distribución de hormigón por más tiempo”.
ANEFHOP reclama, en su denuncia, ser informada de la situación administrativa de la planta de hormigón y de las autorizaciones concedidas. Y advierte de la “reserva expresa de las acciones legales que corresponden”, sin descartar el orden penal “por la inactividad de esta Administración frente la comisión de infracciones administrativas graves”.