El Govern pide impedir la llegada de más VTC a Baleares

El Govern ha reclamado al Gobierno de España la adopción "urgente" de medidas estatales para evitar que lleguen vehículos de turismo con conductor (VTC) de otras comunidades autónomas durante la temporada alta en Baleares. Así lo ha trasladado la directora general de Movilidad del Ejecutivo balear, Lorena del Valle, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la reunión mantenida en Madrid con el resto de comunidades autónomas.

Según ha señalado este viernes la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en nota de prensa, Del Valle ha expresado la "preocupación" del Ejecutivo balear por el efecto que pueda tener la sentencia del Tribunal Supremo que "no sólo tumba la limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, sino que deja la puerta abierta a que aquellas solicitudes de autorizaciones hechas antes de septiembre de 2018 puedan realizar un 20 por ciento de sus servicios en otras comunidades autónomas".

A pesar de se trata de una sentencia relativa a otra comunidad, el Ejecutivo balear han insistido en que la resolución del Supremo puede tener efectos en el conjunto de España y, especialmente, en el caso de un territorio limitado como las Islas y durante la temporada alta, "por el impacto de la llegada de VTC en la frecuente congestión del tráfico durante el verano", han apuntado.

Por ello, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, elevará la cuestión al ministro del ramo, Óscar Puente, a pesar de que, según han asegurado, por ahora no han recibido respuesta a las peticiones de reunión desde finales de noviembre.

En este sentido, desde la Conselleria se insiste en que el Ejecutivo balear tomará "todas las medidas posibles" dentro de sus competencias para regular de forma "equilibrada" el servicio del taxi y los VTC, así como para evitar "un alud de autorizaciones de VTC no asumible en el territorio insular". Pero en todo caso, reclama la necesaria la acción del Gobierno central para adoptar una regulación en este caso, dado que se trata de solicitudes judicializadas antes de la entrada en vigor de la ley estatal de 2018.

Según explica la nota de prensa, la sentencia del alto tribunal estima un recurso contra la denegación de 1.000 licencias VTC que adoptó la Comunidad de Madrid aplicando la limitación estatal 1/30. La resolución va en línea con la sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que también cuestiona la limitación de la ratio 1/30 fijada en España en la normativa estatal aprobada en 2018.

Así, el TJUE considera esta limitación contraria a la libertad de establecimiento del Tratado de la UE salvo que se haya acreditado que es una medida idónea y proporcionada en relación con criterios medioambientales, de buena gestión del transporte y del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente.

Igualmente, la sentencia 41/2024 del Supremo aclara que anular la denegación no supone conceder las 1.000 licencias, sino que ordena que las solicitudes tengan que ser tramitadas nuevamente y que la administración tenga que resolver, en base a la normativa aplicable en el momento en que se hizo la solicitud, sin poder aplicar la limitación 1/30.

Se trata de autorizaciones solicitadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto estatal del año 2018, la llamada Ley Ábalos, cuando las solicitudes de VTC eran nacionales, y no se limitaba el inicio del recorrido en la comunidad autónoma donde estaban domiciliadas.

De este modo, tras la sentencia, existe la posibilidad de que las solicitudes de autorizaciones de VTC que se encuentran en vía judicial en España puedan realizar un 20 por ciento de sus servicios en otras comunidades autónomas, entre ellas Baleares, tanto en trayectos urbanos como interurbanos.