El acceso a la vivienda, un problema que hay que resolver entre todos

Es una percepción unánime que el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas, si no el mayor, que afecta a los ciudadanos de Baleares. En lugares como Eivissa y Formentera el problema alcanza tintes de auténtico drama social, pues la dificultad para encontrar una vivienda digna a un precio asequible, afecta ya al conjunto de la sociedad y compromete la prestación de servicios públicos esenciales. Colectivos de trabajadores públicos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, profesionales sanitarios, docentes y tantos otros, ya sean funcionarios de la Comunidad Autónoma, ya sean de la Administración General del Estado, eluden venir destinados a Baleares por la carestía de la vivienda, tanto para comprar como para alquilar. Se trata, así pues, de un grave problema que es preciso encarar de frente y adoptar las medidas necesarias para corregirlo a la mayor brevedad posible, aunque ya se sabe que no es tarea sencilla, ni que pueda resolver la Administración en solitario. Eso ya se comprobó durante las dos legislaturas del Govern del Pacto, presidido por Francina Armengol, donde la gravedad de la situación fue en aumento año tras año.

El director general de Vivienda y Arquitectura del Govern balear, José Francisco Reynés, en la entrevista concedida a mallorcadiario.com y publicada este lunes, demuestra ser consciente de la dificultad que entraña conseguir que la vivienda deje de ser el principal problema para los ciudadanos de Baleares. Con las ideas claras y partiendo de un diagnóstico acertado de la situación, aboga por abordar la problemática de forma conjunta con “todos los operadores”. Admite que no es algo que esté al alcance del Govern resolver por sí solo, una conclusión a la que los anteriores responsables del govern de PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca, y más concretamente de la conselleria de Movilidad y Vivienda, con Josep Marí Ribas al frente, fueron incapaces de llegar, esencialmente por miopía política.

Reynés defiende el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, como una medida incentivadora para lograr aumentar la oferta de viviendas a precio limitado, a la que puedan acceder una gran parte de la población; algo que no hará a corto o medio plazo la vivienda protegida que construye el Ibavi y que debe seguir promoviendo a mayor ritmo, pero sabiendo que no es la única solución ni la principal solución ante la escasez de la oferta de vivienda a precio razonable y asequible. Como bien apunta la mano derecha de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, el problema es de oferta. Y por ello, es urgente facilitar que haya más vivienda disponible, tanto en el mercado de compraventa como en el mercado de alquiler, adoptando las medidas necesarias, de la mano de los profesionales implicados y con el mayor consenso posible de las administraciones, instituciones, partidos políticos y agentes sociales.