El 13 por ciento de menores en centros de protección realizan salidas no autorizadas

La Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia Balear (Feiab) ha hecho pública este miércoles un estudio sobre las salidas no autorizadas de los menores que atiende en los centros de protección que gestiona directamente. Según sus datos, el 13 por ciento de los 464 que acogió entre mayo de 2021 y junio de 2022 realizó alguna salida no autorizada, lo que supone 59 menores, de los que 37 eran hombres y 22 mujeres.

En cuanto a su edad, el grueso de las salidas no autorizadas las realizaron jóvenes de entre 15 y 17 años, siendo la mayoría de ellas, un 54 por ciento de 17 años. Respecto a la duración de las mismas, el 61 por ciento fueron de entre 4 y 24 horas, mientras que el 23 por ciento tuvieron una duración de entre 1 y 4 días, quedando las superiores a 4 días en un 16 por ciento.

La red Feiab destaca que “no siempre la salida no autorizada supone riesgos para los adolescentes”, ya que a veces se produce porque “se queda a dormir en casa de su pareja”, pero subraya que los centros están obligados a denunciar la ausencia pasadas 4 horas. Esto supone una diferencia importante respecto a los adolescentes que viven en sus familias, ya que en estos casos estos comportamientos suelen saldarse con una reprimenda por parte de los padres y no como una denuncia.

Por otro lado, respecto al tipo de programa residencial, de las 242 salidas no autorizadas, un 49 por ciento (119) se registraron en Centros de Alta Intensidad Educativa, y todas fueron realizadas por 5 adolescentes concretos, de los que 2 acumulan 27 y 47 salidas no autorizadas respectivamente. En cuanto a los Centros Residenciales Básicos, 40 adolescentes hicieron 100 salidas no autorizadas, un 41 por ciento, de los que 24 lo hicieron solo 1 vez, lo que se considera algo “anecdótico”.

Colectivo de alta vulnerabilidad

El estudio apunta que los menores que se encuentran en estos centros son “un colectivo con un alto grado de vulnerabilidad”, por lo que “es importante conocer qué pasa cuando se produce una salida no autorizada, es decir, cuando no vuelve al centro a la hora acordada”. Recuerda el estudio que el término “fuga” no se utiliza de forma consciente “para evitar las connotaciones punitivas asociadas a la falta de libertad”.

El estudio achaca las salidas no autorizadas a las circunstancias que han vivido los adolescentes que residen en esos centros, “que condicionan las posibilidades de contener y reconducir las conductas de riesgo”. “En esos casos pueden aparecer problemas de adaptación a la vida en el hogar, ya que se encuentra con normas de comportamiento para facilitar la convivencia y la protección, pero que el adolescente no acepta ni entiende porque encuentra más atractiva la vida sin límites que tenía hasta el momento, que la vida organizada mediante el buen trato y la protección. Esta etapa es crítica, ya que el adolescente presenta un rechazo inicial que puede motivar las salidas no autorizadas”, señala el documento.

Durante esas salidas no autorizadas, los menores se pueden correr una serie de riesgos, entre los que el estudio señala “el absentismo escolar, la comisión de robos, ser víctima de robos o ser víctima de abuso o explotación sexual por parte de adultos a cambio de un techo, alimentación y/o drogas”.

Por otro lado, cuando un adolescente no regresa al centro residencial a la hora programada, “el equipo socioeducativo intenta contactarle y se moviliza para encontrarle, y se llama a todas las amistades autorizadas del menor”. “Antes de que transcurran 4 horas se denuncia a los cuerpos de seguridad del Estado y se promueve la búsqueda hasta que la persona vuelve a su hogar de protección”, apunta, y señala que paralelamente el centro de protección informa sobre la salida no autorizada al IMAS “para que como administración responsable pueda tomar las medidas oportunas”.

La red Feiab recuerda en el estudio que en Mallorca hay centros residenciales gestionados directamente por el IMAS, con unas 100 plazas, y centros residenciales concertados que son gestionados por las entidades de la red Feiab, que tienen unas 270 plazas.

En esos centros, subraya la Feiab, los menores hacen una vida como cualquier niño y adolescente que vive en familia, realizando las mismas actividades. El estudio subraya finalmente la diferencia entre las medidas de protección descritas hasta ahora y las medidas de justicia juvenil dirigidas a los menores que han cometido un delito.