252.000 personas están en riesgo de pobreza en Baleares

El 21,5 por ciento de la población de las Islas Baleares está en riesgo de pobreza, lo que supone un 0,9 por ciento menos que el año anterior, pero también que alrededor de 252.000 personas en el archipiélago tienen menos de un 60 por ciento de la renta media. Así lo indica el informe anual de la pobreza presentado hoy por la red de inclusión social EAPN-Illes Balears, que sitúa a Baleares como la octava comunidad española con menos incidencia de este problema, notablemente por debajo del 26 por ciento de media nacional.

En términos puramente económicos, la tasa de pobreza en Baleares se sitúa en 16,9 por ciento, ya que afecta a 199.000 personas, con un ligero descenso respecto al año anterior. A pesar de ello, el 9 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza severa, lo que supone que casi 100.000 personas viven con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media nacional.

Según indica la red EAPN, en el año 2022 se consideraba que un hogar estaba en situación de pobreza cuando cada persona debía sobrevivir con menos de 294 euros mensuales en el caso de una familia formada por dos adultos y dos menores, o de 560 euros si vivía una persona sola.

Destaca además que más del 36 por ciento de las personas no pueden hacer frente a gastos imprevistos; casi un 28 por ciento no puede sustituir muebles antiguos por otros nuevos; un 20,5 por ciento sufre retrasos a la hora de afrontar gastos relacionados con la vivienda y casi un 15 por ciento no puede mantener su casa a una temperatura adecuada durante los meses de invierno.

Por otro lado, señala que, según el Informe del Estado de la Pobreza, “uno de cada dos isleños tiene dificultades para llegar a final de mes, un porcentaje que se había ido reduciendo desde 2018 pero que este año experimenta un repunte importante, en parte ocasionado por el incremento de precios que se registró el año pasado”.

En ese sentido, la red EAPN califica de “alarmante” el precio de la vivienda, “que dificulta la vida cotidiana de muchas familias y niega el derecho básico a la vivienda a mcuahs otras”. Por ello, pide a las administraciones públicas que diseñen y apliquen “una política de vivienda clara y valiente, que impulse la vivienda pública, fomente el alquiler social, impida los desahucios y la gentrificación y despliegue cualquier otra medida que garantice algo tan básico para el desarrollo de un proyecto de vida como es una vivienda digna, adecuada y accesible”.

Finalmente, y en relación a las pensiones, el informe pone de manifiesto que el 38 por ciento de los pensionistas de las islas, lo que equivale a unas 77.000 personas, reciben una renta inferior al umbral de la pobreza, y que casi 34.000 pensionistas están en situación de pobreza severa, dado que cobran menos de 454 euros en 14 pagas, una situación similar a la que vivían el pasado año.