El PSOE en el Consell de Mallorca exige lo que no hizo cuando gobernó

El Consejo de Ministros aprobó el día 24 de mayo de 2022 los criterios de distribución territorial para la ejecución de los créditos presupuestarios para la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.

El importe de esta partida, prevista en la inversión nº 4 del Componente 22 "Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión" del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia , ascendía a 46.200.000 euros, que sumados a los 19.800.000 euros que se destinaron en 2021, hacían un total de 66.000.000 de euros.

De esa cantidad, 800.000 euros corresponderían a la creación del centro de crisis de Mallorca, para lo que se firmó un convenio entre el Consell de Mallorca, el Govern y el Instituto Balear de la Mujer (IBDona) el día 26 de junio de 2023, es decir, estando los citados organismos en funciones, tras las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Todos los firmantes sabían que abandonarían sus cargos en pocos días, por lo que los compromisos adquiridos deberían ser ejecutados por otros equipos, según un calendario impuesto, que los firmantes no fueron capaces de cumplir, ni dar pasos para su ejecución.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, denunció en el pleno del Consell de Mallorca del mes de septiembre, la demora en la firma del convenio, lo que compromete que se cumplan los plazos previstos y, por tanto, la financiación del centro de crisis con cargo a los fondos europeos. Sobre todo, cuando la portavoz socialista, Catalina Cladera, expresidenta de la institución y firmante del convenio, exige resultados al actual equipo de gobierno.

Si irregular es firmar un convenio estando en funciones, como hizo la señora Cladera, exigir que se ejecute cuando durante meses no se ha hecho absolutamente nada, es no solo irregular, sino un ejercicio de cinismo más que notable. Porque lo que se desprende de este comportamiento sumamente hipócrita, es que se firmó el convenio para usarlo como arma arrojadiza contra el equipo de gobierno insular que ganó las elecciones.

Al actual gobierno presidido por Llorenç Galmés le corresponde trabajar para que el centro de crisis contra la violencia sexual sea una realidad a la mayor brevedad posible, pero también le corresponde evidenciar que sus antecesores, que tanto presumen de haber trabajado en dar pasos contra la violencia machista y para proteger a las víctimas, no hicieron lo suficiente en una materia tan sensible y necesitada de actos y no solo de palabras. Venir ahora a exigir a los demás lo que ellos no hicieron, es censurable.