Un decreto ley de vivienda que supone un cambio de rumbo

El Consell de Govern se reunirá el próximo lunes con carácter extraordinario a fin de aprobar un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, una norma anunciada el pasado día 5 de septiembre por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal.

Según ha informado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, el texto del decreto ley está redactado, pero durante la deliberación en el seno del Govern, se ha considerado conveniente incluir ciertas “cuestiones adicionales”. De este modo, el alumbramiento de tan compleja como esperada norma, tendrá que esperar unos días más.

El acceso a la vivienda se ha convertido en el programa más grave que afecta a toda la sociedad de las Islas Baleares. Consciente de la importancia del asunto, el Ejecutivo ha decidido encarar el problema con un paquete de medidas de gran calado, decididas tras escuchar a las asociaciones y colegios profesionales del sector de la vivienda. Medidas que, como ha apuntado la presidenta Prohens, no tienen coste para la Administración y no suponen mayor consumo de territorio.

Se creará una nueva figura, denominada vivienda de precio limitado, de superficie máxima de 90 metros cuadrados útiles, cuya característica más importante es la limitación de su precio máximo de compraventa y de alquiler. Deberá ser domicilio habitual y sus usuarios o beneficiarios no podrán ser titulares de ninguna otra vivienda en el territorio nacional, para evitar así la especulación inmobiliaria.

Además, contempla la transformación de locales y alojamientos turísticos obsoletos en viviendas, permitirá aumentar en altura y dividir propiedades para crear viviendas más pequeñas, para así aumentar la oferta de viviendas asequibles en áreas urbanas, sin consumir territorio y regular los precios tanto de compra como de alquiler de estas nuevas viviendas.

Sin embargo, la medida de mayor calado, es la modificación de la Ley de Turismo de las Islas Baleares, de forma que se ordene en todo caso y como medida cautelar, la paralización y clausura temporal de toda vivienda residencial que sea alquilada a turistas sin la correspondiente licencia, de forma que además de la sanción económica, se precinte la vivienda irregularmente destinada al alquiler turístico.

Se trata de una medida muy efectiva que disuadirá a muchos propietarios de pisos que ahora se comercializan turísticamente sin autorización, de forma que ante el riesgo de ser denunciados y terminar con el inmueble clausurado, opten por dedicarlo al mercado del alquiler residencial.