Marta Vidal: "Trabajamos en una ley de vivienda para ejercer nuestras competencias"

No había aterrizado y ya estaba enviando expedientes a la Fiscalía. ¿Qué persigue?

–No ha sido nada agradable y quien piense que lo es, se equivoca absolutamente. Llegar a un cargo político de esta relevancia y encontrarme con lo que me encontré, quien se piense que me ha gustado, que he disfrutado o que lo he pretendido, se equivoca. Simplemente estábamos en un procedimiento en el que había unas medidas cautelarísimas, que son unas medidas que se adoptan y que a continuación tienen que adoptarse unas cautelares, con lo cual hay unos plazos judiciales acuciantes en los que hay que tomar decisiones de manera inmediata, porque el plazo son cinco días para que esas cautelarísimas se mantengan o se vuelvan a plantear como medidas cautelares. Nosotros teníamos que revisar ese expediente con carácter de urgencia, porque si no, lo que podía significar era que se levantara la cautelarísima cuando se resolviera la cautelar y tener que estar sometidos a una decisión con la que, en principio y sin saber nada del expediente, no estábamos de acuerdo, porque comprometía toda nuestra gestión tanto en materia de vivienda como en materia de puertos, porque se dedicaban un montón de millones. A partir de ahí, pedí el expediente judicial porque estaba foliado y me lo estudié. Y cuando vi el contenido del expediente, evidentemente, dije que eso se tenía que revocar, porque no se ajustaba a derecho. O sea, ni desde un punto de vista de oportunidad política, que eso cada uno considera como oportunidad política lo que responde a las políticas que quiere ejecutar. A nosotros en el plano de la oportunidad política no nos parecía correcto y en el plano de la legalidad, tampoco.

¿Cómo es posible que no esté de acuerdo en ampliar el parque de vivienda pública en 88 viviendas en Nou Llevant?

–Me parece ideal ampliar el parque de vivienda pública, en 88 viviendas en 8 o en 888. Lo que no me parece bien es destinar recursos públicos de ese nivel a comprar unas viviendas que no son aptas para el uso que se le quieren dar; y en una operación con la que, con el mismo dinero, se pueden hacer muchísimas más cosas.

"No me parece bien es destinar recursos públicos de ese nivel a comprar unas viviendas que no son aptas para el uso que se le quieren dar"

¿Usted puede asegurar que con ese dinero que no se va a pagar a Metrovacesa, va hacer más viviendas y mejores que las que pretendía hacer el gobierno anterior?

Sin ninguna duda.

Esto está grabado, ¿eh?

–Sí.

¿Qué había de irregular? Usted habla de la oportunidad política, un criterio político, pero ¿qué había de irregular en la operación para que usted decida enviar esto a la Fiscalía? Convendrá conmigo que el titular de los medios ha sido que el gobierno envía a la Fiscalía. ¿Qué hay de ilegal?

–Lo primero de todo, nosotros no hemos hecho ninguna denuncia Fiscalía, ninguna. Tampoco hemos hecho ninguna valoración, simplemente hemos dado los datos que constan en el expediente.

Pero ¿por qué?

–Pues porque hay trámites esenciales que no se han llevado a cabo y porque suponía un sobrecoste caprichoso, de pagar un porcentaje de IVA mucho más alto en base a una supuesta urgencia que no se daba. Lo explico a nivel técnico. Cuando una vivienda se adquiere, apta para ser usada, que requiere de una licencia de primera ocupación y de una cédula de habitabilidad que no es preceptiva, pero en el contrato en el que el Ibavi se subrogaba por decirlo así mediante el retracto, había como condiciones para la elevación a público, que se dispusiera de la licencia de primera ocupación y de la cédula de habitabilidad. El Govern no podía forzar la firma porque no se habían cumplido las condiciones del contrato. No se disponía de licencia de primera ocupación y no se disponía de cédula de habitabilidad.

Un gobierno en funciones no puede forzar la firma de una operación cuando no se cumplen las condiciones para que se cumplan y además esa decisión supone que las arcas públicas van a tener que pagar un IVA que no es el tipo reducido, es decir, mucho mayor sobre 26 millones, porque se firme 15 días antes de lo que se tiene que firmar. Porque las licencias de primera ocupación tardaron 15 días en llegar, cuando ya gobernaba el gobierno de Prohens. Esa diferencia de 15 días supone no pagar el IVA reducido y supone que se estaba forzando la firma sin cumplirse las condiciones. Y la emergencia habitacional en la que se justificaba esa prisa no existía, porque la Ley de Urbanismo establece como una infracción urbanística grave el ocupar una vivienda que no tiene licencia de primera ocupación y la sanciona con el 25% de su valor. Con lo cual, esa pretendida urgencia para que la gente pudiera ocupar las casas, simplemente no existía porque esas casas no se podían ocupar. Estaban forzando una decisión para que, cuando llegara el nuevo Govern, no pudiera echarla atrás. Y eso no me parece aceptable.

¿Usted ve mala fe en esa operación?

–Yo no opino, yo no veo nada. Yo considero que nosotros tenemos una obligación legal, como todo servidor público y como todo funcionario público, que cuando ve que en un expediente hay cosas que pueden no funcionar, no nos corresponde a nosotros valorar. Lo que se dice que yo he denunciado, yo no he denunciado nada, yo no he opinado nada. Simplemente he cumplido con lo que considero que es mi obligación, y no voy a valorar, ni he valorado, ni valoraré.

¿Usted descarta la fórmula de la compra a través del derecho de tanteo y retracto para aumentar el parque de VPO?

–En absoluto, me parece una muy buena fórmula.

¿Si tiene oportunidad la aplicará?

–Sin duda.

Es usted la encargada de remediar el que posiblemente sea el problema más importante que padece la sociedad balear, el acceso a la vivienda. Le quiero preguntar en primer lugar ¿cómo hemos llegado a esta situación?

–A mi juicio, hemos llegado a esta situación porque no se han adoptado las medidas que se tenían que adoptar. La vivienda, como todo bien, es un bien que se regula por la oferta y la demanda. Entonces, si aumenta la demanda y no aumenta la oferta, evidentemente, el precio sube. Eso, sumado con el alquiler turístico descontrolado, que también tengo una opinión de por qué se ha descontrolado el alquiler turístico. Sumado a que no se ha facilitado la construcción de vivienda a la circunstancia de que se ha descontrolado el alquiler turístico, pues evidentemente el precio ha subido.

¿Cómo piensa resolver esto?

–Lo primero que ordenamos es identificar en todos los municipios de la isla, cuáles son los suelos municipales vacantes; es decir, cuáles son las herramientas de las que disponemos, suelo municipal en cada uno de los municipios. Esto lo ha elaborado ya el servicio de cartografía, lo tenemos, y lo vamos a facilitar también a los con seis insulares y a los municipios, para que cada uno de ellos hagan el ejercicio, primero, de localizar lo que tenemos, para después valorar dónde invertimos los recursos en base a las necesidades que haya; y optimizando al máximo los recursos públicos. A la vez, fomentaremos la colaboración público-privada, porque las políticas de vivienda no pueden quedar sólo en manos de la Administración pública, sino que tenemos que fomentar que la inversión privada también haga vivienda de protección oficial y vivienda de precio tasado.

¿Construir más?

–Construir más y mejor.

¿Esa es la única propuesta que hace el Partido Popular?

–No solo es construir, es cambiar de uso. Si hay suelos municipales vacantes, tenemos que ver dónde están esos suelos, si son aptos para ser construidos; con lo cual, no es construir más, es ocupar con un uso que le es propio, un suelo que está destinado a eso. Es hacer que un solar que está vacío y que está destinado a que se construya vivienda, deje de estar vacío y se construya vivienda.

¿Y qué me dice de las viviendas vacías?

Yo no sé ni siquiera si tenemos una cifra de vivienda vacía. Se publicó hace poco por el INE, cuál era el número de viviendas vacías. Las viviendas están vacías porque los propietarios no confían en alquilar las viviendas, porque no hay suficientes garantías para ello. Evidentemente nuestra responsabilidad como administración competente en vivienda es dar la seguridad jurídica a la regulación del alquiler, para que la gente no tenga miedo de alquilar sus casas.

"Las viviendas están vacías porque los propietarios no confían en alquilarlas"

Hay calles en algunos barrios de Palma donde la mitad de las casas están vacías…

–Pues habrá que ver por qué están vacías. Un propietario es libre de decidir si alquila o no su vivienda, no conozco la problemática ni conozco la zona concreta, pero no sé por qué pueden estar vacías unas casas que podría el propietario sacarle un rendimiento. Obviamente, algo no funciona.

¿Sancionará o gravará o pondrá tasas a quienes tengan viviendas no usadas?

No, a particulares con viviendas no usadas, no. Nosotros no creemos en el intervencionismo. El caso de los grandes tenedores en un escenario distinto, pero yo creo que no se tiene que obligar a una persona a decidir nosotros por él, qué es lo que quiere hacer con su patrimonio, muchísimo menos si no le ofrecemos garantías en caso de impago de ese alquiler, que nosotros le forzáramos, o en caso de daños en su propiedad cuando se abandona esa vivienda.

¿Están trabajando en eso entonces?

–Sí.

¿El Govern va a boicotear la Ley Estatal de Vivienda?

–No.

Si no aplican el tope del precio del alquiler en zonas tensionadas, podría interpretarse que ustedes, ejerciendo sus competencias, boicotean una ley estatal.

–Eso es una valoración. Nosotros no lo vemos de esa manera, o sea, nosotros vamos a cumplir todas las leyes porque las hemos de cumplir. Otra cosa es que nosotros redactemos una ley de vivienda, estamos en ello, en la que nosotros ejerzamos plenamente las competencias que consideramos que son nuestras. En caso de que se considere que hay una colisión entre la normativa estatal y la normativa autonómica, pues como ha sucedido un montón de veces en la legislatura pasada, se constituye una comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma, en la que la Abogacía de ambas instituciones se reúnen y llegan a unos acuerdos para evitar que sea el Tribunal Constitucional quien decida cuál de las dos normas se ajusta más al reparto competencial entre la Constitución y el Estatuto, no es nada nuevo. Nosotros trabajamos en nuestra ley de vivienda, ejerceremos plenamente nuestras competencias, no sé en este punto de detalle, cuál será la regulación, porque estamos en la fase de analizar cuáles son las normas que tenemos y de decidir cómo, quién y cuándo redacta nuestra ley, pero lo que sí que puedo avanzar es que ejerceremos plenamente nuestras competencias.

En cuanto a la Comisión Balear de Medio Ambiente, ¿está satisfecha con el funcionamiento de esta Comisión?

–Nadie está satisfecho con el funcionamiento de la Comisión Balear de Medio Ambiente.

¿Por qué?

–Porque no. Porque yo he sido miembro de la Comisión Balear de Medio Ambiente, sé lo que es porque he estado dentro. Funciona con que se emite un informe por parte de cada dirección implicada en el expediente de que se trate, tras lo cual se reúne un subcomité técnico en el que uno opina sobre el informe del otro; y tras lo cual se reúne un comité político en el que 18 políticos tienen que votar, porque obligatoriamente tienen que votar sobre unos 20 expedientes que pasan por cada comisión, complejos y técnicos. Al votar cualquiera sobre un proyecto, por ejemplo, de canteras; al momento siguiente, sobre un proyecto de urbanización de Ibiza; al momento siguiente, sobre un agroturismo en Menorca; entonces, evidentemente esas consideraciones que son absolutamente de carácter técnico, quedan desvirtuadas por un funcionamiento que, además, es anómalo, porque supone un retraso en la tramitación de los expedientes, que tiene consecuencias.

Ahora mismo me parece que desde el mes de abril, marzo o abril, no se ha convocado la Comisión Balear de Medio Ambiente. Eso supone una paralización inaceptable, ya no sólo de proyectos de particulares, de planeamientos municipales; porque tenemos los planeamientos municipales como los tenemos, obsoletos y no ajustados a la ley, generando inseguridad jurídica. Porque acometer una modificación de planeamiento, acometer una gestión del planeamiento derivado, o acometer una modificación de plan territorial, supone un auténtico viacrucis; y estamos obligados a modificar todo eso.

"Desde el mes de marzo o abril no se ha convocado la Comisión Balear de Medio Ambiente, una paralización inaceptable"

¿Puede avanzar algo del decreto de medidas urbanísticas que prepara la Conselleria?

–No.

¿Retocará la Ley de Urbanismo?

–Sí.

¿En qué aspecto?

–No voy a avanzar nada. Yo soy extraordinariamente discreta en todo lo que tiene que ver con regulaciones que pueden generar especulación urbanística y eso se tiene que comprender. Y, además, porque creemos en un consenso real a la hora de elaborar la normativa, yo no puedo avanzar nada, porque estamos trabajando codo con codo con las demás administraciones territoriales, estamos escuchando a todos los colectivos. Son decisiones que se han de tomar una vez se tienen todas las cartas sobre la mesa. Cualquier cosa que puede surgir en modo de filtración, supongo que os habréis dado cuenta que yo ni siquiera opino, porque lo que hasta que nosotros como Conselleria no demos un mensaje, que es el mensaje que nosotros ya hemos decidido, porque ya tenemos redactado, porque ya lo tenemos hablado con la Abogacía, todo eso no dejan de ser rumores.

¿Las ANEI volverán a ser computables (no edificable)?

–Está por ver.

¿Permitirá legalizar edificaciones fuera de ordenación con infracciones prescritas?

–Está por ver.

¿Seguirá siendo gratuito el transporte público en Baleares en 2024?

–Es una cuestión compleja, a nivel político y a nivel de sostenibilidad económica.

¿Le gustaría?

–Bueno, a mí me gustaría hacer lo que sea mejor para el funcionamiento más efectivo y para la mejor gestión del tema del transporte. En este momento la situación es que se tenía que financiar con 43 millones que tenían que venir del Estado. Si no me equivoco, sólo han llegado tres de esos 43 millones. Son los transportistas los que están asumiendo, como mínimo, parte del coste de esa gratuidad. Se ha incrementado muchísimo el número de viajeros. Sin embargo, no se ha aumentado la flota ni las frecuencias. Estamos analizando si hay un problema de seguridad, de seguridad para los usuarios del que podríamos ser responsables nosotros como consejería y, en base a todos esos datos que estamos recopilando, porque hemos solicitado que nos hagan un análisis pormenorizado de qué ha supuesto a todos los niveles la gratuidad del transporte.

Como en todo, la prisa es acuciante porque el 31 de diciembre es la fecha límite para decidir qué sucede. Entonces, insisto, no es que yo voluntariamente decida tomar las decisiones de una manera rápida, es que no me queda otra.

¿Ha calculado el coste político que tiene esa decisión?

–No hay ninguna decisión tomada. Nosotros, antes de tomar una decisión, hacemos un análisis, pero un análisis radiografía, lo queremos saber todo, lo bueno y lo malo; y en base a lo bueno y lo malo, cuando me hayan preparado toda la información que he requerido, la hayamos podido estudiar, primero a nivel técnico. Después, la trabajaremos a nivel político, primero dentro del Govern y después, con las demás administraciones territoriales con competencias en la materia, que son los consells insulars y los ayuntamientos. Y también lo hablaremos, por supuesto, con las asociaciones afectadas que, insisto, para nosotros el consenso es algo real, no es un capricho, es una obligación.

¿Es partidaria de aumentar la red ferroviaria de Mallorca?

–Sí.

Parece que hay una demanda social, sobre todo en la zona de Llevant, de ampliar la red ferroviaria…

–Sí. Ayer tuvimos el primer Consejo de Administración de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Son decisiones muy importantes, son inversiones muy importantes y me plantearon, a nivel de pincelada, cuáles eran los trazados propuestos como posibles proyectos. Hay proyectos que están en licitación, hay proyectos que todavía no se ha decidido si se opta por uno por otro, y lo mismo que he dicho en materia de transporte, miraremos cuáles son los proyectos que hay, en base a los recursos de que dispongamos, miraremos cuáles pueden dar servicio a mayor población o a población que, aunque no por número, pero sí por necesidad, pues tenga mayor requerimiento. Y en base a todo eso, y en base a un estudio técnico que no existe, que analice en profundidad todos estos aspectos, se decidirá a qué se dedican los recursos públicos.

Le tengo que preguntar por el tranvía de Palma. El Ayuntamiento parece que no está muy conforme con el proyecto que presentó el anterior equipo de gobierno municipal, y me gustaría saber la posición del Govern.

Bueno, la posición del Govern es que Palma es un municipio que tiene capitalidad propia, como sabe muy bien. Palma es soberana para tomar las decisiones que considere en esta materia y para resolver sus problemas de movilidad. La posición del alcalde de Palma tendrá que decirla él. La nuestra es completamente respetuosa con lo que Palma decida. No hemos tenido ocasión de hablar sobre este proyecto, pero evidentemente las decisiones de Palma nosotros las respetaremos.

En cuanto a la red de autobuses TIB, ¿es voluntad del Govern transferir esta competencia al Consell de Mallorca, como la están ejerciendo en Menorca y en Ibiza?

–Sí, a nosotros nos gustaría transferir las competencias porque nosotros creemos en el Estatuto de Autonomía y creemos que los consells tienen que asumir sus competencias. También entendemos que una competencia tiene que venir bien dotada. Es un tema que se puso sobre la mesa en la reunión institucional que mantuvimos con el presidente del Consell de Mallorca, pero es un tema que quedó a debatir. Lo que sí que nosotros hemos detectado y así lo hemos transmitido a las diferentes administraciones, municipios y consells, que es fundamental crear una mesa de trabajo conjunta en materia de transporte, porque el régimen competencial es muy complejo, las soluciones son muy complejas y hay una comisión de transporte que parece ser que no se reúne desde el año 2020.

Entonces, además de esa comisión de transporte, queremos crear a nivel político una comisión interterritorial de la que formemos parte todas las administraciones territoriales que tienen contratas y concesiones en materia de servicio público. A lo mejor, una fórmula sería utilizar lo que ahora es el Consorcio de Transportes de Mallorca, reconvertirlo en un Consorcio territorial más amplio para tratar problemas comunes y para optimizar recursos. Por ejemplo, la gestión informática de los sistemas tarifarios no es una cuestión sencilla y el sistema actual de una Administración no encaja con el de la otra. Entonces, en materia de transporte, realmente está casi todo por hacer.