Operación contra la corrupción urbanística en Ibiza

La operación de la Guardia Civil que se desarrolla desde este martes con epicentro en el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Ibiza, Carmen Martín, es motivo de honda preocupación entre la ciudadanía.

Las actuaciones, que se hallan bajo secreto de sumario, han conllevado la detención del alcalde en funciones, Ángel Luis Guerrero (PSOE); la abogada del departamento de Urbanismo del consistorio, Carla García; el abogado urbanista Manuel Alcaide, la abogada Lourdes Marí Garrido y un aparejador de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), que trabajó en la promoción Vadella 64, en Cala Vedella (Sant Josep). Se trata de cinco arrestos que ponen el foco de los investigadores en presuntas ilegalidades urbanísticas cometidas en la citada promoción Vadella 64, envuelta en polémica desde hace años.

La circunstancia de la detención del alcalde socialista de Sant Josep pocos días antes de ceder la vara de mando en favor de Vicente Roig (PP) -tras perder las elecciones del 28 de mayo-, además del número de personas detenidas, su relevancia y los ocho registros practicados hasta el momento, indican que la Policía Judicial venía trabajando desde tiempo atrás en este asunto. Y que los indicios y pruebas incriminatorias deben ser sólidas para que se opte por una medida tan contundente como ingresar en los calabozos durante dos noches a los arrestados, antes de presentarlos ante la autoridad judicial, previsiblemente este jueves.

El urbanismo es un ámbito que se ha demostrado propicio para prácticas irregulares, cuando no netamente corruptas, que en Baleares ha contado con no pocos ejemplos. Y si bien la presunción de inocencia es un derecho fundamental que asiste a los investigados, aún más cuando el secreto de las actuaciones impide conocer en detalle lo que es objeto de investigación, es preciso que la Justicia proceda con rapidez y celeridad al esclarecimiento de los hechos, con un evidente trasfondo político.

Esta operación contra la corrupción urbanística afecta de lleno al PSOE en vísperas de un proceso electoral crucial que, además, llega después de unos malos resultados para los socialistas el 28M, cuando quedaron desalojados del poder en las instituciones y en buena parte de los ayuntamientos de las islas.

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