"Cort me ha hundido con 6.000 euros en multas que nunca me han llegado"

El historial de multas de tráfico impuestas por el Ayuntamiento de Palma a las que se refiere Raúl Lodeiro comenzó el 2 de abril de 2021. Desde esa fecha y hasta el 31 de octubre del mismo año el vehículo del que era titular su hija acumuló hasta 16 sanciones por diferentes infracciones, ninguna de las cuales fue notificada por la Corporación municipal.

“En efecto, no dispongo de ninguna comunicación oficial por parte de Cort. Toda la información sobre estas multas me las trasladó la Agència Tributària de les Illes Balears (Atib) a través de distintos avisos que llegaron a mi domicilio, a pesar de que el vehículo sancionado estaba a nombre de mi hija", cuenta Raúl.

A partir de aquí, pagó "las dos primeras multas, pero cuando se produjo una tercera entrega, con seis sanciones más, decidí no seguir haciendo caso a estos requerimientos. Y no pienso hacerlo tampoco en el futuro, ya que el coche no era mío, y mi hija vive en México y no dispone de domicilio de residencia en Palma. De hecho, cuando vívía en la isla, estaba empadronada en Llucmajor. Por otro lado, tampoco hay ya ningún vehículo que embargar, dado que este turismo se vendió en su momento”.

EFECTO DOMINÓ

En conjunto, la cuantía de la deuda generada por estas denuncias asciende a 6.119,97 euros. En su mayor parte, se trata de multas por exceso de velocidad, y, además, casi todas ellas corresponden a infracciones de esta naturaleza cometidas en una misma vía pública de Palma, concretamente la calle Pompeu Fabra, situada en las cercanías de las dependencias del Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears.

“Un número significativo de multas por exceso de velocidad que tramita la Policía Local se producen en esta calle. Allí hay un radar hiperactivo que registra la matrícula de los coches que superan la limitación máxima establecida en este tramo, que es de 40 kilómetros por hora”.

La cuantía de la sanción por este tipo de infracciones asciende a 100 euros. Sin embargo, la falta de notificación de la multa provoca un efecto dominó, a partir del cual la cantidad económica va incrementándose a medida que vencen los plazos, dado que el titular del vehículo desconoce que le ha sido impuesta la sanción.

SIN DERECHO A CUOTA REDUCIDA

Con el paso de los meses, el expediente abierto por el Ayuntamiento de Palma agota el plazo de pago voluntario, durante el cual la persona a la que se aplica la multa cuenta con el derecho a abonarla con cuota reducida. En esa etapa inicial, Cort solicita al titular del vehículo que identifique al conductor que cometió la infracción, tanto si se trata de él mismo como si la vulneración ha corrido a cargo de otro usuario.

Si no lo hace (y difícilmente puede hacerlo cuando no se le ha comunicado la tramitación del expediente), la sanción que se aplica ya no guarda relación con la infracción original (exceso de velocidad o cualquier otra alteración de la normativa circulatoria), sino con otra denuncia diferente consistente en no haber procedido a la identificación que se le reclamaba en la fase anterior.

Cuando esto ocurre, la cantidad inicial de 100 euros se incrementa hasta los 300, y sin posibilidad de reducción. En el caso de que, al fin, el conductor tenga acceso a alguna información sobre la existencia del expediente tramitado en su contra, dispone de la opción de presentar el correspondiente recurso en la sección de Multas del Ayuntamiento de Palma, o bien abonar la cantidad que se le requiere.

FASE EJECUTIVA

No obstante, también puedo ocurrir que el conductor siga ignorando que Cort le ha impuesto la sanción y, por tanto, al continuar pendiente la liquidación de la deuda, esta, a partir de un plazo de tiempo determinado, entra en fase ejecutiva y la Agencia Tributaria asume su tramitación.

De ser así, el denunciado corre el riesgo de ver embargados algunos de sus bienes (su coche, por ejemplo) o incluso su nómina, además de ser objeto de retenciones en sus cuentas bancarias cuyo desbloqueo exige necesariamente mantener arduas negociaciones con la Atib y la propia entidad financiera.

Y todo ello, directamente, a consecuencia de las anomalías detectadas y comprobadas en la notificación de sanciones de tráfico del Ayuntamiento de Palma, que, como han puesto de manifiesto algunos de los ciudadanos afectados, surgieron a partir de la adjudicación del servicio, en 2019, a CI Postal.

Desde hace escasas fechas, Cort ha rescindido unilateralmente el contrato que le unía a esta empresa valenciana, que gestiona la distribución de avisos de multas en un total de 18 municipios (ninguno de los cuales, excepto Palma, supera los 20.000 habitantes), y ha dado los pasos pertinentes para que la sociedad pública Correos se haga cargo del servicio.

NUEVA LICITACIÓN

Esta es una medida de carácter temporal a la espera de que el gobierno municipal promueva una nueva licitación que, previsiblemente, estará dotada de un presupuesto claramente superior al que se asignó en el proceso anterior. Igualmente, el Ayuntamiento pretende asegurarse de que el futuro adjudicatario aporte recursos y prestaciones que no se requirieron a CI Postal, como, sin ir más lejos, la habilitación de un departamento de atención directa a los usuarios para que puedan tramitar las correspondientes reclamaciones o, simplemente, solicitar información.

Los cambios promovidos por Cort en la hoja de ruta del servicio parecen indicar un reconocimiento implícito de que la labor realizada en materia de notificación de multas a lo largo de los últimos cuatro años ha arrojado muchas más sombras que luces.

Sin embargo, como explica Raúl Lodeiro, el Consistorio persiste en la posición que ha mantenido desde el inicio de toda esta controversia: “Aseguran que se han detectado anomalías tan solo en unos pocos casos. En cambio, en la plataforma tenemos contabilizados cientos y cientos de ciudadanos afectados”.

PLATAFORMA DE AFECTADOS

La plataforma a la que Raúl hace referencia ha sido constituida por vecinos de Palma que se han visto perjudicados por la falta de notificación de sus multas de circulación. Lodeiro no lo dudó ni un segundo a la hora de ponerse manos a la obra para dar forma, junto al portavoz de la entidad, Jaume Escales, a la iniciativa ‘Stop multes sense notificació’, desde donde, además de asesorar y acompañar a los destinatarios de las denuncias no comunicadas, se promueve una acción legal conjunta para exigir responsabilidades al Ayuntamiento.

Este movimiento ciudadano mantuvo a finales del pasado año, en cuanto la polémica empezó a alcanzar su punto de ebullición, una reunión con una representación de Cort encabezada por los concejales Francesc Dalmau (a cargo del área de Movilidad) y Alberto Jarabo (actualmente, al frente del departamento de Justicia Social, Feminismo y Lgtbi y, además, portavoz del equipo de gobierno).

REIVINDICACIONES

Sin embargo, la posición del Consistorio respecto a las reivindicaciones de la plataforma poco ha variado en los últimos seis meses: desde la Corporación se insiste en que las infracciones circulatorias denunciadas han existido realmente, y que, en consecuencia, los titulares de los vehículos no pueden pretender que los expedientes de las multas sean borrados de un plumazo. Incluso, aunque sea veladamente, Cort ha achacado a los ciudadanos multados un presunto deseo de conseguir, a través de las movilizaciones, librarse del pago de las sanciones.

Desde la plataforma se niega con rotundidad que esta sea su pretensión. Muy al contrario, y así consta en la mayoría de recursos interpuestos por afectados, la petición que se formula pasa por abonar la multa en la cuantía que sea procedente, pero retrocediendo la cuantía al periodo inicial, con posibilidad, por tanto, de reducción de la cantidad económica, en tanto que no se produjo notificación por parte del Ayuntamiento de Palma.

"COGEN EL TELÉFONO MÓVIL Y SE AUSENTAN DEL PLENO"

Además de la reunión con los regidores, los miembros de la plataforma han acudido a diversas sesiones plenarias. Raúl Lodeiro ha estado presente en algunas, y no le gustó demasiado la actitud de los concejales del gobierno municipal: “En cuanto nuestros representantes empiezan a hablar, algunos de los regidores cogen el teléfono móvil y se ausentan del pleno. La impresión que me he formado es que no existe la más mínima intención de escucharnos”.

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