La culpa de que en Balears no haya suficiente vivienda de alquiler a un precio razonable, a decir de los partidos que integran el Govern Armengol, la tienen, por un lado, los extranjeros que se han empeñado en comprar inmuebles en el archipiélago; y, por otro lado, los propietarios que alquilan ilegalmente sus pisos y apartamentos a turistas. Dado que la mayoría de ellos lo hacen a través de plataformas web como Airbnb, el Govern balear toma el atajo y persigue sancionar a las comercializadoras en lugar de a los propietarios que alquilan sin tener licencia de alquiler turístico.
A tal fin han ido a Bruselas el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez. Nada menos que dos miembros del Govern, –y no dos cualesquiera–, se han trasladado a Bruselas, donde fueron recibidos por Valentina Superti, directora de Turismo y Digitalización de Mercado Interior de la Comisión Europea.
Inexplicablemente, no les atendió un responsable político de mayor rango, como cabía esperar por el nivel de la legación balear. Ningún comisario, de los 27 que integran el Colegio de Comisarios, tuvo la gentileza de recibir a nuestros consellers. Hubo que conformarse con plantear las quejas por la actitud de Airbnb y otros gigantes de la comercialización online de viviendas vacacionales a un cargo menor, lo que no impidió que el Govern lo venda como un avance, que obviamente no es.
Además de la citada directora Valentina Superti, les escuchó la directora general de HOTREC (Asociación Europea de Hoteles, Restaurantes, Bares y Cafés), Marie Audren, y su responsable de Asuntos Públicos, Matej Zezlin; y las eurodiputadas Josianne Cutajar, Adriana Maldonado y Alícia Homs. Subalternos sin el menor poder de decisión.
El 14 de febrero de este año, la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, recibió a Marga Prohens, Toni Costa y Rosa Estaràs. ¡Qué menos que dos consellers del Govern balear fueran recibidos por un comisario de la Comisión Europea, para buscar una solución al problema del alquiler turístico ilegal! Pero ni por esas.
De este modo, tenemos a dos miembros del Consell de Govern lamentando en Bruselas que Airbnb está fuera de la Ley, pero nada hace pensar que sus quejas vayan a ser tenidas en cuenta de forma inmediata, a la vista de quién les atendió y quién no lo hizo. Y, sobre todo, a la vista del poder que tienen las plataformas como Airbnb en el Parlamento Europeo, auténticos grupos de presión con gran influencia política y económica.
Este viaje de Negueruela y Sánchez Grau, más que solucionar algo, han puesto de manifiesto que el Govern carece de medios para meter en vereda el alquiler vacacional ilegal. No puede ser más deprimente.