Que se vayan

En ocasiones es el bosque el que no permite ver los árboles. Del mismo modo que un individualismo mal entendido conduce al egoísmo, la obsesión por lo colectivo termina por ocultarnos la realidad. Para la mayoría de personas que no ha cumplido los cuarenta la independencia no se asocia al procés, sino a un trabajo digno. No se relaciona con el derecho a decidir, sino con poder vivir fuera del domicilio de los padres. Incluso en Cataluña o en el País Vasco, preguntas a un joven si le gustaría independizarse y no sueña con un referéndum, sino con un apartamento de cuarenta metros cuadrados.

En los últimos años la vivienda en Baleares ha dejado de ser cara para convertirse directamente en un artículo de lujo al alcance de una exigua minoría. Desde 2015 el precio se ha incrementado un 68% hasta los 3125 euros por metro cuadrado, el más caro del Estado. Un español medio necesita 7,6 años de su sueldo íntegro para comprar un piso, pero si vives en Baleares necesitas trabajar 9 años más para liquidar la hipoteca. Esta tasa de esfuerzo es casi el doble de la de otras ciudades no precisamente baratas, como Madrid o Barcelona. Si hablamos de futuro, habría que analizar qué es más insostenible y urgente, si el drama de la vivienda o la saturación turística.

Esta semana se ha debatido en el Parlament balear el Decreto de Medidas Urgentes en Materia Urbanística, que limita aún más la creación de suelo urbanizable. Durante las intervenciones hemos escuchado los mismos argumentos que hace 25 años en favor de la defensa del territorio, muchos de ellos sólidos desde un punto de vista ambiental o de presión demográfica. Es un ejemplo más de la contradicción entre utopía y realidad con la que choca la izquierda en este y otros asuntos. Hay ciudadanos que terminan dando su apoyo en las urnas a la derecha, y la mejor explicación que encuentra la izquierda es que la gente es idiota y no sabe votar.

Se estima en 20.000 el déficit actual de viviendas asequibles en Baleares. Al ritmo de construcción de VPO de esta legislatura el Govern puede necesitar 50 años para acabar con el problema. Si tomamos como referencia la viviendas protegidas entregadas en las dos legislaturas que lleva gobernando la izquierda la solución llegaría en el siglo XXII. Solo desde un prejuicio ideológico se puede negar que no existe una salida real para un problema de esta envergadura sin tratar de abaratar el precio medio de la vivienda libre. Esto solo sucederá si los promotores privados puedan sacar al mercado viviendas de menos de 250.000 euros. Sin embargo, las medidas aprobadas van exactamente en la dirección contraria.

Un Decreto Ley en 2020, el PGOU de Palma y el Plan Territorial del Consell de Mallorca ya desclasificaron 53.000 hectáreas de suelo urbanizable. Esto encarece aún más la vivienda nueva, y de rebote la de segunda mano y los alquileres. Las consecuencias de esas medidas son tan directas e innegables sobre el mercado inmobiliario que se hace evidente el cambio de estrategia del populismo de izquierdas y el nacionalismo identitario cuando reclaman un techo poblacional. Convirtiendo de facto la vivienda en algo prohibitivo para la clase media trabajadora han pasado del “que no vengan más” al “que se vayan unas decenas de miles si no encuentran dónde vivir”. Este es el gobierno de la gente.

Todo esto puede sonar surrealista, pero es un discurso coherente y útil para partidos que gobiernan pensando en mantener un voto minoritario, unos culpando de todos los males al “capitalismo despiadado” (sin asumir una sola responsabilidad por sus políticas) y otros despreocupados porque han heredado o heredarán la vivienda de sus padres. Por eso no se entienden las tragaderas del PSIB, que se supone que aspira a ganar las próximas elecciones autonómicas, con casi 7400 familias en Baleares esperando una vivienda social.

Mientras tanto las arcas del Govern se llenaron el pasado año con más de 800 millones de euros gracias a una de las fiscalidades más altas de España en materia de compraventa inmobiliaria. Con este panorama no resulta extraño que, según el último CIS de Tezanos, casi el 90% de los encuestados esté insatisfecho con la actual política de vivienda. Todo parece indicar que ni siquiera el PSIB-PSOE se cree sus propias encuestas manipuladas, porque resulta insólito el apoyo de los socialistas a una estrategia que emplea el urbanismo como herramienta de ingeniería social con su puntito xenófobo.