Pocas esperanzas de hallar una solución al problema de la vivienda

Ninguna de las medidas lanzadas para combatir el problema de la vivienda ha servido para resolver un problema que se arrastra durante años. Promotores y constructores han califcado de "complicado" el año que acaba, sin que se vean signos de mejora para el 2023; tampoco los ciudadanos observan avances que les permitan albergar esperanzas de que la situación vaya a cambiar y, en breve, resulte más sencillo acceder a una vivienda, ya sea de compra o de alquier.

Las administraciones, por su parte, han puesto sobre la mesa iniciativas e ideas para reconducir la situación. La última, la congelación de los precios de todos los alquieres que venzan durante los próximos seis meses, acordada este mismo martes por el Consejo de Ministros, que aprobó un nuevo paquete de medidas anticrisis que también incluía -cómo no- acciones en materia de vivienda.

En Baleares, la iniciativa más llamativa es la de prohibir la venta de inmuebles a ciudadanos extranjeros o a residentes que lleven en las islas menos de cinco años. Sin entrar en dilucidar si es legal esta limitación de derechos sobre una propiedad privada -el Ejecutivo de Armengol debería explicar a muchos ciudadanos que no pueden aceptar ofertas de extranjeros interesados en sus propiedades-, cabe analizar el efecto real que esta medida tendría en el mercado inmobiiario y que supone más de una cuarta parte del Producto Interior Bruto de las islas".

La mayoría de profesionales del sector señalan que estas medidas restrictivas -la congelación de los alquileres o la prohibición de venta a extranjeros- lo único que conseguirán es detraer viviendas del mercado, contribuyendo a complicar más la situación sin reducir los precios; más bien, todo lo contrario.

Su solución pasa por no retirar suelo del mercado -como se plantea con el nuevo decreto dado a conocer este martes por el Govern, que prohibirá nuevas promociones si hay posibilidad de rehabilitar- sino posibilitar suelos más económicos que permitan nuevas construcciones; garantizar la seguridad jurídica de los promotores ante el constante cambio de normas; promover ayudas para hacer frente a los incrementos del coste de material, y agilizar los trámites administrativos. Con acciones de este tipo el sector defiende que crecería el mercado y también se haría posible aumentar la construcción de viviendas protegidas, actualmente en cifras raquíticas que apenas sirven para paliar el problema.

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