El debate de los chiringuitos llega a Madrid

El debate sobre los chiringuitos y los negocios de costa ha llegado a Las Cortes. Por un lado, el Senado tiene previsto debatir una moción del PP que pide la suspensión de aquellos trámites que conlleven medidas restrictivas y que se mejore la conciliación entre la protección del litoral y los derechos consolidados de los ocupantes. Por otro, Podemos ha llevado al Congreso una proposición no de ley que defiende una revisión de las diferentes concesiones administrativas y una mejor cartografía de las zonas más sensibles de la costa.

La tramitación a tan alto nivel se produce en un contexto de actuaciones contra determinadas estructuras y negocios que, durante años, han venido ejerciendo su actividad en el litoral. En Baleares, este proceso restrictivo ha afectado esta misma temporada a establecimientos como los ubicados en las Casetes des Capellans de Platja de Muro -Can Gavella, el restaurante Olimpia o La Ponderosa Beach- o la piscina del chiringuito Mar y Paz en Can Picafort, que fue derruida después de 52 años en funcionamiento con agua del mar. A estas actuaciones, hay que sumar las dificultades y retrasos sufridos por multitud de concesionarios de servicios de playa, que han visto cómo se reducía su actividad al disponer de menos tiempo -y espacio- para explotar sus servicios de tumbonas y sombrillas.

En Palma, el caso más reciente de negocios afectados es el del Restaurante Bungalow, en Ciutat Jardí. El emblemático establecimiento parece tener sus días contados después de que un informe de Demarción de Costas haya ordenado su demolición por motivos medioambientales. Ahora, y en un carrera contrarreloj, la familia propietaria lucha para que su local no cierre las puertas tras cuatro décadas de actividad y ha iniciado una recogida de firmas. La polémica ha transcendido más allá de los afectados, con el apoyo de caras conocidas a nivel nacional, por una parte, y la oposición de los ecologistas que no transigen ante la posibilidad de una concesión de derechos, por otra.

El debate está abierto. La defensa del litoral no es negociable, pero debería ser compatible con la actividad de muchos negocios que, a menudo, son ellos mismos quienes garantizan la limpieza y el correcto orden del entorno. La solución debe hallarse, sobre todo, para aquellos que llevan décadas funcionando y que se han ganado poder trabajar en un contexto de seguridad jurídica que no peligre con decisiones a menudo arbitrarias y muchas veces excesivamente ideologizadas.

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