Cataluña y Andalucía son las dos comunidades autónomas que recibirán una mayor inversión territorializada del Estado en estos nuevos PGE, con un 17,2 por ciento de los fondos para cada una. En cambio, otras dos autonomías que también concentran un elevado contingente poblacional, como son Madrid y la Comunidad Valenciana, deberán conformarse con el 9,7 y el 9,4 por ciento de estas partidas, respectivamente. No obstante, en el caso de la Comunidad de Madrid, que acoge al 14 por ciento de la población española, su participación en la inversión del Estado ha aumentado casi un punto porcentual, desde el 8,9 por ciento que alcanzó en 2022, hasta el citado 9,7 por ciento.
Según recoge el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, del total de inversión real del sector público estatal, Andalucía recibirá el próximo ejercicio 2.318,85 millones de euros; Cataluña 2.308,92; la Comunidad Valenciana 1.269,46; Madrid 1.305,35; y Galicia 1.077,88.
Los territorios que más suben respecto a 2022 en su participación sobre el total son Madrid, que mejora un 0,8 por ciento, y Cantabria, Castilla–La Mancha y Extremadura, que escalan un 0,4 por ciento. Por el contrario, la Región de Murcia pierde dos puntos, y Castilla y León, un 0,6 por ciento.
MEDIDAS FISCALES PARA BALEARES
Por otra parte, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 presentado este jueves por el Gobierno incluye, en su disposición adicional número 61, las medidas fiscales que anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado lunes, durante su breve visita a Mallorca. El texto recoge el articulado que se consensuó en las islas en 2019.
La medida tendrá efecto para los períodos impositivos que se inician el 1 de enero de 2023 y finalizan el 31 de diciembre de 2028, según el texto de 17 páginas incluido en los PGE de 2023.
La revisión global por parte de la comisión mixta entre los gobiernos central y balear será en 2028, y no en 2026, al establecer dos años más de margen para compensar el tiempo de retraso en su aplicación.
INSULARIDAD
Estas mejoras destinadas a Baleares se regulan "en reconocimiento del hecho específico y diferencial de su insularidad", y fija medidas de orden fiscal "con especial atención a ciertos sectores". En este sentido, establece deducciones para empresas y autónomos de hasta el 90 por ciento en la base imponible del IRPF por las inversiones, además de la creación de puestos de trabajo relacionados con esas inversiones y bonificaciones en el IRPF y el impuesto de sociedades para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado por medio de un tuit que el Régimen Fiscal Especial de Baleares ya es "oficial", al estar incluido, según asegura, en los PGE 2023. "Ahora que está al alcance de la mano, mostremos unidad y votemos a favor de las islas en las Cortes Generales. Juntos hacemos realidad esta histórica reivindicación colectiva", ha afirmado Armengol, en su mensaje.
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