El Consell modifica el contrato con MAC Insular para evitar una indemnización de 100 millones

Según considera la institución insular, este cambio permitirá al Consell "iniciar una nueva etapa", con un mejor control sobre la concesionaria y un contrato "transparente y aplicable". El origen de los litigios se remonta a la inacción de la institución insular que ha llevado a MAC Insular a acumular pérdidas durante años.

En este sentido, la consellera insular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aurora Ribot, ha destacado que con esta propuesta consiguen "poner orden en el contrato". "El objetivo de la interpretación y modificación del contrato es poner fin a 12 años de conflictos judiciales para poder seguir ofreciendo el mejor servicio a la ciudadanía; este cambio supondrá poder aprobar la tarifa con normalidad", ha añadido.

En este punto, ha declarado que modificar el contrato permitirá al Consell poner fin a todos los contenciosos que la concesionaria había interpuesto, cuya suma total podría alcanzar los 100 millones y "suponer un grave problema para la solvencia de la institución insular", ha manifestado.

ANTECEDENTES

El origen de la problemática con la concesionaria se remonta a 2003, cuando se firmó un contrato en el que el Consell de Mallorca convertía MAC Insular en la concesionaria para gestionar los residuos de construcción, demolición (RCD), voluminosos y neumáticos fuera de uso.

Aunque la actividad no empezó hasta 2006, ya se podía ver en aquellos primeros años que la aplicación que se hacía del contrato dejaba a la empresa en unas condiciones "muy ventajosas y sin margen de maniobra para la institución", según la consellera insular.

A partir de 2007, señalan, se empezaron a buscar vías para reformular la relación con MAC Insular y durante la legislatura de 2011-2015, la consellera insular de Medio Ambiente propuso declarar la nulidad del contrato entre el Consell y la concesión, pero no se logró.

En concreto, el Consell Consultiu resolvió que la nulidad no era posible y que los problemas que presentaba el contrato debían abordarse por la vía de la interpretación del mismo.

Posteriormente, a partir de la legislatura 2015-2019, se realizó una auditoría y consultoría económica con un valor cercano al medio millón de euros. Las conclusiones de la auditoría no llegaron hasta el primer año de la actual legislatura y, a partir de aquí, se ha empezado a interpretar el contrato con MAC insular, que ha ido acumulando pérdidas durante todo el proceso en espera de un acuerdo o una decisión judicial.