El Metro al Parc Bit, una obra clave que peligra por culpa de otra licitación envenenada

La ampliación del metro de Palma hasta el Parc Bit es una de las mayores obras de la legislatura, con una inversión prevista de casi 20 millones de euros que se financian con fondos europeos. La obra, sin embargo, corre el riesgo de quedar paralizada si prospera el recurso que la Asociación de Constructores de Baleares ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a quien solicita la suspensión cautelar de la licitación de las obras por el "enorme desfase" que existe entre el precio de los materiales previsto en la licitación del proyecto y su precio actual.

A los constructores no les salen las cuentas. Si sólo se analizan los precios actuales del acero y el hormigón, el desfase entre lo licitado y los precios de mercado alcanza los seis millones de euros. Si se añaden el resto de partidas del proyecto -como catenarias y electrificación- el coste real se dispara aún más. El riesgo es que, de no mediar modificación, ninguna empresa se arriesgará a ir a pérdidas, tal y como la propia Ley de Contratos, por otra parte, recoge para garantizar el equilibrio económico de las contrataciones.

La licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 6 de abril, en puerta de los festivos de Semana Santa y con un plazo de diez días naturales para presentar impugnaciones ante el Tribunal Administrativo Central. Lo ajustado del plazo para analizar la viabilidad del proyecto y la coincidencia con el largo periodo festivo, llevó a los constructores a optar por presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJIB, que ahora deberá pronunciarse sobre el asunto.

Independientemente de la judicialización del caso, y una vez advertido que la licitación no contó con todos los elementos para garantizar un proceso rápido y justo, le corresponde a la Administración arbitrar alternativas para que el proyecto siga adelante sin más demoras. Ya ocurrió algo similar con la licitación en bloque de nueve centros de salud que fue recurrida judicialmente por Pimem y que obligó al Govern a replantear las contrataciones por separado para no perjudicar a las empresas locales.

En ese caso, también se perdió un tiempo primordial que obras clave -en un contexto, como el de ahora, en el que además el volumen de contratación pública de infraestructuras no es muy elevado- no pueden permitirse. Cabe exigir a la administración que las licitaciones de proyectos tan importantes sean revisadas antes de publicarse para evitar situaciones como la actual y no acabar perjudicando, en definitiva, a unos ciudadanos que pueden ver retrasadas obras cuya finalidad es facilitarles las acciones más cotidianas.

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