El 'avión patera' de Palma afectó a 81 vuelos, de los que 19 tuvieron que cancelarse

La jueza de Instrucción número 6 de Palma ha dictado auto para procesar por sedición a 21 inmigrantes detenidos tras el aterrizaje forzoso de un avión de Air Arabia en el aeropuerto de Palma, el pasado 5 de noviembre, por una supuesta emergencia sanitaria, relacionada con una presunta crisis diabética.

La magistrada señala en un auto que los imputados deberán responder por dos delitos distintos de sedición, y suma a esta causa a otros dos investigados por favorecimiento de la inmigración irregular, dado que ayudaron en Mallorca a los marroquíes que se fugaron de este vuelo, que cubría la ruta Casablanca-Estambul.

La jueza aprecia los delitos de coacciones y sedición para 19 de los inmigrantes marroquíes que desde noviembre permanecen en prisión provisional por haberse fugado de la "patera aérea" en Palma, como entonces denominó la Policía Nacional a ese vuelo.

FALSA EMERGENCIA MÉDICA

En el auto de procesamiento, la jueza concluye que la enfermedad fue provocada por el mismo inmigrante, que forzó el aterrizaje obligado de la aeronave, y recoge que no hay pruebas de que los "presuntos médicos a bordo" que alertaron de la crisis diabética del pasajero realmente lo fueran. Considera que existen indicios que permiten valorar que la fuga aérea en Palma fue un plan preconcebido, consistente en simular y provocar una supuesta enfermedad grave de un pasajero, aprovechando este hecho el resto de personas que participaron en la huida para emprender la fuga e infringir las normas españolas sobre entrada de personas en territorio nacional.

La jueza hace referencia al comportamiento de los pasajeros, que huyeron de manera inmediata tras la marcha del equipo de emergencia, en una escapada que, según pone de manifiesto en la resolución, "carece de sentido si no se relaciona con un plan previo, puesto que el avión tenía como destino Estambul".

CASI SIN EQUIPAJE, POCO DINERO Y SIN PASAJE DE REGRESO

También apunta al escaso equipaje que llevaban consigo los que huyeron, la ausencia de acreditación de la contratación de un billete de vuelta, el escaso dinero que portaban encima algunos de los investigados, según quedó constatado cuando se les tomó declaración, y la existencia del grupo de Facebook denominado 'Brooklyn', donde se detallaba como provocar el aterrizaje forzoso.

La magistrada también hace referencia a la huida del hospital del acompañante del pasajero supuestamente enfermo y que cuatro de los investigados declararan que su deseo coincidente de viajar a Turquía se relacionaba con su intención de emigrar a otro país desde allí. Destaca que los pasajeros fugados que no fueron detenidos de manera inmediata, supieron dónde y a quién acudir de manera relativamente sencilla y en poco tiempo, pese a no haber estado nunca en Mallorca.

La jueza sostiene que los hechos "fueron planificados" y que se trataba de un grupo "medianamente organizado" a partir de varias conversaciones en una red de la red social Facebook. "No nos encontramos ante una situación de simple entrada ilegal en España; nos encontramos ante el plus que exige la jurisprudencia en relación al delito de sedición", apunta.

SITUACIÓN DE PELIGRO EN SON SANT JOAN

El otro elemento clave para que la magistrada concluya que hay indicios de ese delito está en la violencia que ejercieron para salir del avión y la situación del peligro que crearon para el resto de pasajeros del aeropuerto al correr por las pistas. También valora la gravedad de lo ocurrido con el cierre de las instalaciones de Son Sant Joan. Detalla que hubo 81 vuelos afectados "por la revuelta": de ellos, 14 fueron desviados de Palma a otras terminales, mientras que 48 se retrasaron y 19 de cancelaron.

El auto incluye un delito de coacciones por el perjuicio hacia el resto de pasajeros y el delito especial de sedición que recoge la legislación aeronáutica por desobedecer al capitán de la aeronave.

Para la jueza de este caso, los pasajeros investigados tenían una finalidad "clara", que era "infringir la ley de extranjería, entrar en España de manera irregular, lo que supone una infracción de unas leyes que pretenden proteger el interés del Estado en el control de los flujos migratorios, lo que no deja de ser un interés colectivo estatal".

Además, incide en que esta finalidad "inevitablemente" afectó el orden público y en que era "impensable que no fueran conscientes de las graves consecuencias que para el orden público podía acarrear su comportamiento, puesto que todos ellos huyeron y corrieron por las pistas del aeropuerto de Palma".

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