Las tres vicepresidentas del Gobierno (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) han sido las encargadas de desgranar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las principales líneas del Real decreto-ley aprobado este martes, con el que el Ejecutivo pretende frenar el impacto económico y social que está provocando la guerra.
"El impacto de esta crisis en el PIB y la inflación dependerá de la respuesta que demos", ha advertido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha remarcado la voluntad del Gobierno de preservar "al máximo" la senda de recuperación iniciada en 2021. Por ello, ha defendido que el Ejecutivo está actuando con "responsabilidad", y ha puesto en valor el "intenso proceso de diálogo" con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos y las comunidades autónomas para abordar este Real decreto-ley.
SEIS MIL MILLONES EN AYUDAS DIRECTAS
Concretamente, el Gobierno contempla la movilización 16.000 millones de euros con este Plan, de los que seis mil millones corresponden a ayudas directas y reducción de impuestos y otros 10.000 millones al impulso de una nueva línea ICO. La actuación está basadoaen cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad, y medidas en materia de energía.
Entre las iniciativas más importantes que ha esbozado la vicepresidenta primera para prestar apoyo a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas. De esta manera, el Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado bonificaciones superiores.
Este eje dirigido a la ciudadanía en general también incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al dos por ciento en los próximos tres meses, así como el aumento del 15 por ciento en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.
Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prorrogará hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la tarifa de la luz, y se permitirá que las empresas accedan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohibirán los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia.
TEJIDO EMPRESARIAL
En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial, el Plan contempla una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas a raíz del aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Estos avales se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses, según ha explicado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Además, se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos Covid, de forma que se rebajan los requisitos para la extensión de vencimiento. "Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30 por ciento con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo", ha avanzado Calviño.
Al mismo tiempo, se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores de los sectores más afectados, y se establece la obligatoriedad a las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.
Asimismo, el Plan contempla un paquete de ayudas directas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, y otro de unos 68 millones para las actividades pesqueras.
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