El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, dirigida por Alberto Jarabo, ha concedido más de un millón de euros en subvenciones a las asociaciones que forman parte de la Federación de Vecinos y que son consideradas afines al Pacte. Paralelamente, las ayudas públicas han sido negadas a otras entidades vecinales -entre ellas Sa Federació de Veinats- que se han caracterizado por su trayectoria crítica con las políticas del actual gobierno en Cort.
El departamento de Jarabo aprobó esta semana las subvenciones para las diferentes federaciones y asociaciones de vecinos de la capital, por un importe global de 700.000 euros anuales en ayudas directas para el periodo de 2022 a 2024; en total, 2,1 millones de euros. Con estas ayudas, las entidades -en principio- cubren gastos derivados de la organización de fiestas populares o del funcionamiento de los casals de barrio, por ejemplo. Son gastos para eventos ciudadanos y de ahí que el Ayuntamiento sufrague el coste por la vía de la subvención.
El problema es el dudoso baremo para proceder a las adjudicaciones que aplica el área de Jarabo y que parece castigar a aquellos que le critican, a la vez que premia a quienes apoyan sus proyectos -por ejemplo, en la larga lucha contra las terrazas de bares y restaurantes en la que la Federación se mostró muy entusiasta a la hora de aplaudir la postura del equipo de Jarabo-.
A la última convocatoria se presentaron las dos federaciones de vecinos existentes en Palma y un total de 37 asociaciones vecinales. En el reparto, Sa Federació de Veinats no recibió ni un euro, a pesar de ser una entidad legalmente constituida, que llegó a ganar un juicio para ver reconocida su representatividad ante el ayuntamiento y que, por ello, participa en las diferentes comisiones municipales -excepto en la de Urbanismo, de la que fue excluida por decisión de la concejala Neus Truyol-.
La actuación de Cort en este asunto suscita demasiadas sospechas sobre la más que probable falta de ecuanimidad a la hora de optorgar estas subvenciones. Una administración pública, que actúa con el dinero de todos, debe ser totalmente transparente en sus decisiones evitando aplicar una doble vara de medir que parezca estar regida por las afinidades o las simpatías políticas.
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