El Parlament de Baleares ha negado la posibilidad de que la misión que va a enviar el Parlamento Europeo para investigar los casos de abusos a menores tuteladas pueda reunirse en la cámara balear. Así lo comunicó esta semana el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, a la Secretaría de la Comisión de Peticiones de la eurocámara, argumentando que el Parlament no cuenta con ninguna certificación acreditativa del Parlamento Europeo sobre un acuerdo para que las reuniones de la comisión informativa tengan que realizarse en estas dependencias. Añadió, además, que el mismo día que los diputados europeos tienen previsto iniciar los interrogatorios hay pleno y posteriormente, a preguntas de los periodistas, afirmó que los eurodiputados pueden utilizar un hotel para las sesiones que tengan previstas.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo desplazará a Mallorca, entre el 11 y el 13 de abril, a seis eurodiputados con el objetivo recabar información sobre los casos de prostitución de menores tuteladas sucedidos en Palma de Mallorca durante los últimos años. Se trata de Kosma Zlotowski, Ramona Stragariu, Peter Jahr y los españoles Ramón Buxadé, Maite Pagazaurtundúa y Rosa Estarás.
La investigación europea se produce después de que la mayoría que conforma el Pacte rechazara en dos ocasiones la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre el asunto. PP, Cs y Vox recurrieron a Bruselas y la eurocámara decidió tomar cartas en el asunto enviando la citada misión, que incluye interrogatorios a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y a la del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.
Armengol tiene la intención de recibir a los eurodiputados en el Consolat, como hace con las múltiples asociaciones y entidades a las que concede audiencia, lo que le permitirá eludir una foto incómoda y hace sospechar que el presidente del Parlament se ha plegado a los deseos de Armengol a la hora de cerrar las salas de la cámara a los europarlamentarios. El caso, sin embargo, por afectar a menores en unas circunstancias de gran vulnerabilidad, es de tal gravedad que merece la total colaboración de las instituciones baleares. Una colaboración plena que se está negando y que alimenta la idea para muchos de que algo se pretende ocultar o a alguien se quiere proteger.
Poner limitaciones a la comisión de europarlamentarios y restringir la transparencia ante hechos tan graves que afectan a instituciones públicas sólo contribuirá a que no se esclarezcan las causas ni se depuren responsabilidades, lo que equivale a mantener el riesgo de que sucesos similares puedan repetirse. De hecho, esta misma semana se conocía la detención de tres personas por su presunta implicación en una red de explotación sexual de menores tuteladas a cambio de dinero.
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