Vacunación obligatoria ya

España contabilizó este martes 4.747 nuevos casos de coronavirus, casi tres veces más que los registrados la jornada anterior. La incidencia acumulada ascendió a los 139 casos por cada cien mil habitantes y subió en el caso de Baleares a los 188 casos, que es el cuarto peor dato entre todas las comunidades del país. El avance del virus, en lo que muchos consideran ya la sexta ola de la enfermedad en España, se produce a pocas semanas de las celebraciones navideñas, unas fechas en las que aumentarán las reuniones familiares y sociales, elevando aún más el riesgo de contagios.

La situación en Europa -donde la vacunación no alcanza los índices logrados en España- es aún peor, con países con tasas de contagio disparadas como son los casos de Alemania y Austria. En el caso de este último, el porcentaje de población vacunada tan sólo es del 65 por ciento, lo que ha provocado una tasa creciente de infectados y ha obligado a las autoridades austriacas a confinar de nuevo a toda la población y decretar la vacunación obligatoria para todos los ciudadanos. En Alemania, con una afectación de la enfermedad inédita hasta ahora, se plantean aumentar restricciones a los no vacunados.

Las autoridades españolas debaten la posibilidad de incrementar las restricciones, pensando precisamente en las Navidades, pero no se plantean decretar la vacunación obligatoria y tan sólo actúan a modo de recomendación o alentando el uso del pasaporte Covid para determinadas actividades. Sin duda, debe pesar en esta postura el miedo al desgaste político que supondría una medida coactiva de la magnitud de obligar a toda la población a vacunarse y el temor a que la justicia rechace una decisión que impacta de lleno en las libertades individuales de los ciudadanos.

La vacuna contra la Covid se ha demostrado como un remedio médico útil para frenar los contagios y, sobre todo, para reducir las hospitalizaciones y los fallecimientos, aliviando los efectos que sufren aquellos que se contagian. Es por ello que debería tomarse en serio la obligación para que se inocule a toda la población, con una fórmula legal que blinde jurídicamente tal decisión. Y eso sólo lo puede hacer el Gobierno, previo paso por el Congreso.

Quienes se muestran insolidarios o temerosos no pueden poner en riesgo al conjunto de ciudadanos y la administración debería velar por el bien de todos. No tiene sentido, por ejemplo, que los mismos gobernantes que -con severas sanciones en caso de incumplimiento- dictan leyes para obligar al uso del cinturón de seguridad en los vehículos a fin de proteger la vida de los conductores y de aquellos que puedan verse involucrados en un accidente de tráfico, no sean capaces ahora de dictar leyes para proteger la vida de todos los ciudadanos. Si hay voluntad política por parte de aquellos cuya misión es velar por el bien común, habrá una alternativa legal posible para que la vacuna llegue de forma obligatoria a toda la población. Y convendría adoptar tal decisión más pronto que tarde.

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