España ha registrado este mes una subida de los precios del 5,5 por ciento, lo que supone el mayor incremento de la inflación sufrido en los últimos 29 años. Existe un serio temor a que esta subida de precios condicione la recuperación económica que se empieza a vislumbrar tras la crisis provocada por la pandemia. De hecho, la situación ha provocado una caída en el consumo que ha llevado a la economía nacional a crecer en el tercer trimestre del año sólo un dos por ciento, 1,7 puntos por debajo de la estimación que hacía el Gobierno en julio.
Según los datos conocidos esta semana, el consumo de los hogares se contrajo un 0,3 por ciento entre julio y septiembre, en contraste con el avance del 3,5 por ciento que había experimentado durante en el trimestre anterior. Los expertos insisten en que la inflación no ha venido para quedarse como hace tres décadas, sino que la escalada de los precios es coyuntural, provocada por un precio de la electricidad desbocado, el coste del transporte marítimo en máximos históricos y el alza constante de las materias primas; una situación que, para completar el escenario negativo, suma el desabastecimiento de materias necesarias para el transporte, el embalaje o la fabricación de determinados productos.
La alimentación y el comercio en general ya están notando estas subidas de precios, que se han venido produciendo durante los últimos nueve meses, pero que este octubre han batido todos los récords de las últimas décadas.
Esta tormenta perfecta anuncia efectos inmediatos en las demandas sociales, especialmente las que plantean los sindicatos para que los salarios suban acordes al IPC, como lo tendrán que hacer las pensiones -sólo este capítulo suma 5.000 millones más por la subida de la inflación- o los sueldos de los trabajadores públicos. Todo ello tendrá efectos en las cuentas públicas en un momento en que las administraciones debaten presupuestos para el 2022, unos presupuestos que, vista la situación sobrevenida, no deberían perder de vista el impacto que esta crisis va a tener de forma directa en los balances de las empresas y en los bolsillos de los ciudadanos, que es por donde deberían comenzar los poderes públicos a aplicar medidas de contención y ayuda.
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