Toca timo

Es el momento de afrontar de forma ordenada la salida a la bien denominada crisis sanitaria, social, económica y laboral por la COVID-19, que ha arrasado nuestra sociedad el último año y medio.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son un buen instrumento. Siempre que tengan claro el objetivo, respondan, prioritariamente, a los intereses generales y sean realistas.

La decisión de aumentar el gasto social y facilitar ayudas a los más desprotegidos está una línea correcta. Un ejercicio de equidad basada en el individuo que obliga a un obligado e inexcusable realismo.

Los grandes riesgos de los PGE derivan precisamente de la perversión de sus objetivos, las inequidades derivadas de arrimar las partidas mayoritarias a los intereses electorales partidistas, a la voracidad económica nacionalista y a un “efecto burbuja”.

Muy especialmente, a este efecto burbuja, que consiste en un claro desequilibrio entre los ingresos, no garantizados, y unos gastos expansivos ya comprometidos, queda el abismo del déficit.

En este sentido, no es muy progresista ni garantista no recortar los gastos clientelares, desincentivar el ahorro dejando en el aire el futuro de los planes de pensiones individuales hasta reducirlos a cifras inoperativas para los ciudadanos o aumentando la fiscalidad subiendo el impuesto sobre el Patrimonio superando al resto de los países de la UE.

Estos PGE preparan un hachazo a las clases medias y esta dispuestos a esquilmar a la clase productiva de este país, en la se incluye a asalariados, autónomos y empresarios. No, no es progresista ni es conveniente.

La futura reforma fiscal afectará a un gran abanico de impuestos con el supuesto objetivo de elevar su recaudación. Como es habitual, el relato suena bien y la realidad, a medio plazo, nos lleva al ya habitual aumento de los indicadores de pobreza.

Para ello, preparan una batería de normas tendentes a aumentar la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes. Cuentan con la tolerancia de las autoridades europeas hasta 2023 cuando se prevén las obligadas restricciones vinculadas a los créditos otorgados.

Todos los gobiernos socialistas han mostrado indudable capacidad para aumentar la deuda, disparar el déficit y conducirnos a la quiebra técnica; ¿por qué debería este ejecutivo socialcomunista radical ser una excepción? Pues eso. Buen finde.