En sus declaraciones, los cuatro acusados se han desvinculado de la supuesta red de usurpación de viviendas deshabitadas. De acuerdo al escrito de la Fiscalía, éstos se dedicaban a localizar casas desocupadas, desmontar sus cerraduras y, una vez accedían, las acondicionaban para, posteriormente, alquilarlas ilegalmente.
Al parecer, para su arrendamiento se aprovechaban de personas vulnerables con recursos limitados, migrantes e incluso menores de edad, a los que presuntamente llegaban a amenazar si no pagaban el alquiler o si ponían en duda la titularidad de las viviendas.
Asimismo, el Ministerio Fiscal asegura que los acusados incluían en los falsos contratos el precio de la luz y del agua, que adquirían manera irregular mediante enganches ilegales.
Además, en el registro de los domicilios --principalmente actuaban en la zona de Son Gotleu, aunque también en la Soledad, Cala Major, Polígono de Levante y el Arenal de Palma-- se intervinieron varias armas, katanas, pistolas, cadenas o cuchillos, así como un total de diez vehículos y otros objetos sospechosos.
Con todo, la Fiscalía pide para ellos penas que suman más de 104 años de prisión por los delitos de organización criminal, tenencia ilícita de armas, coacciones, usurpación de la vivienda y defraudación del fluido eléctrico y del agua. Además, excepto para uno de ellos, se pide la prohibición de acercarse a Son Gotleu durante un periodo de cinco años.
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