Palma prevé "un otoño dramático", con 16 desahucios a la semana en septiembre

"El Ayuntamiento y la oficina Antidesahucios estarán en primera línea, a pie de calle con las familias, pero necesitamos que otras administraciones estén a nuestro lado y que el estado genere mecanismos", ha reclamado Truyol en una rueda de prensa en la que ha pedido que la nueva ley estatal de vivienda permita regular el precio de los alquileres y aumentar "la alternativa habitacional pública" disponible para afrontar esta situación.

Ha recordado que el decreto estatal que paralizó los desahucios por la pandemia de Covid 19 estuvo vigente hasta el pasado 9 de agosto, y ha alertado de que los 198 casos que se paralizaron en Palma en esos meses podrían empezar a retomarse. Ha advertido de que "se irán programando en los próximos meses, se reactivarán y se sumarán a los ya programados".

"Haremos todo lo necesario, presentando informes de vulnerabilidad en los juzgados y con mediación y negociación con los propietarios, pero necesitamos otras medidas supramunicipales", ha insistido.

Truyol ha explicado que, en muchos casos, los bancos han abandonado los alquileres sociales a los que se comprometieron hace unos años, los contratos están caducando por vencimiento de plazos y "los bancos y fondos buitre no quieren renegociar".

"Estamos negociando y presionando a bancos y fondos buitres pero como no tenemos una normativa que castigue si no actúan en coherencia con esos códigos éticos, tenemos pocas herramientas", ha señalado. "Estamos presionando pero necesitamos una normativa estatal contundente cuando no se cumplan los códigos éticos por parte de los grandes tenedores, uno de los grandes responsables de esta crisis de acceso a la vivienda", ha subrayado.

Según Truyol, las grandes empresas, bancos y fondos buitres son los que tienen en propiedad más viviendas en Palma, y ha puesto como ejemplo que entre las infraviviendas ilegales en oferta que ha denunciado el ayuntamiento figura una de 18 metros cuadrados que un banco alquila por 480 euros al mes, una situación que ha calificado de "demencial y absolutamente ilegal".

Truyol ha defendido que la Oficina Antidesahucios creada hace 6 años está financiada "con fondos municipales exclusivamente", lo que implica que el consistorio está afrontando "estas situaciones sobrevenidas de emergencia habitacional en solitario con la población afectada".

La concejala ha recalcado que "el Ayuntamiento de Palma está solo en la lucha contra los desahucios injustos de personas vulnerables", y ha recordado que, en los seis primeros meses del año, se han incrementado mucho los casos de desahucio, un 70 % más que hace dos años, antes de la pandemia.