El PP de Palma, por medio de la regidora Montserrat Oliveras, ha denunciado que Cort “no dota de medios humanos y materiales a los servicios de Auditoría y Economía municipal, lo que trae como consecuencia, que no se puede establecer un control interno adecuado, tal como exige la ley, con el fin de verificar el funcionamiento de los servicios, los aspectos económicos y financieros, el cumplimiento de la normativa y de las directrices en general”.
En este sentido, recuerda que “en 2019, los servicios técnicos municipales pusieron de manifiesto en informes municipales la falta de funcionarios y de medios técnicos para la realización de estos trabajos de fiscalización económica y de gestión, tanto en las áreas municipales como en los organismos autónomos y en las empresas públicas dependientes”.
La regidora popular recuerda que “los servicios de intervención y de otras áreas económicas vienen denunciando la falta de recursos para poder ejercer un control correcto, sin que haya habido respuesta durante estos dos años mientras sí se ha aumentado los altos cargos y los dinamizadores lingüísticos entre otros”. En este sentido, incide en que “desde el PP de Palma ponemos en valor el esfuerzo y profesionalidad de los técnicos del área, pero sin los recursos no pueden realizar sus funciones como ellos querrían”.
Explica, además, que esta falta de medios no solo afecta a las áreas municipales, sino también impide que controle la totalidad de las entidades dependientes del ayuntamiento, como las empresas municipales y los organismos autónomos. Así afirma que “es ya habitual que en los Plenos municipales se lleven reconocimientos de deuda de manera reiterada por no cumplir con las normas contables y presupuestarias, por no tramitar expedientes de contratación, prórrogas extraordinarias de contratos con ‘reparos’ de los funcionarios que advierten de la nulidad del expediente”.
De hecho, apunta, “los funcionarios plantean un plan de acción para que el equipo de gobierno cumpla con la Ley de Contratos, que no se produzcan más infracciones reiteradas de prórrogas y fraccionamientos de contratos que se adjudican de manera directa mediante los contratos menores. Este plan de acción incluye una correcta planificación de la contratación municipal”.
La realidad, sostiene Oliveras, es que se han adoptado 23 acuerdos en contra de las objeciones de los funcionarios, “lo que supone más de 20 millones de euros que se reflejan en los informes. Y esto teniendo en cuenta que la falta de medios humanos y técnicos no ha permitido la fiscalización adecuada de los expedientes municipales”.
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