La Asociación de Industriales de Mallorca (Asima) ha llevado la FP Dual al Congreso de los Diputados para trasladar la problemática surgida desde la normativa estatal por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, que está generando inseguridad jurídica en las empresas de toda España y está impidiendo que muchos jóvenes accedan a este tipo programa formativo.
Esta cuestión está pasando desapercibida a nivel nacional y, precisamente por ello, desde la asociación se pretende “alertar de la amenaza que supone para los jóvenes no concluir su formación profesional si no realizan sus prácticas en las empresas”, en palabras del director general de Asima, Alejandro Saénz de San Pedro.
La entidad ya ha trasladado este preocupación a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y también a la organización nacional CEOE, así como a diputados de diferentes partidos políticos con representación en el Congreso.
En este sentido, el director general de Asima, acompañado de los coordinadores de la Escuela Superior HOTECMA, Ana Reguera y Sergio Campoy, centro gestionado por la Fundación ASIMA, han llevado a cabo encuentros con Marta Martín, de Ciudadanos; Óscar Clavell y Diego Movellán, del PP; Georgina Trías, de Vox, y, este pasado jueves, con Antònia Jover y Lucía Muñoz, de la formación Unidas Podemos en Baleares. En los próximos días, la delegación se reunirá con responsables del PNV y de los sindicatos más representativos a nivel nacional.
FÓRMULA MIXTA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Según ha recordado Alejandro Sáenz de San Pedro, Baleares "está apostando por iniciativas como la Formación Profesional Dual", una fórmula mixta de empleo y formación que tiene por objeto la cualificación profesional de los estudiantes y que, en el contexto de la actual crisis derivada de la pandemia, puede contribuir, a su juicio, "a poner en valor las cualificaciones profesionales de los certificados de profesionalidad".
A este respecto, el directivo de Asima ha señalado que el planteamiento definido desde Baleares "es el acertado, impulsando la formación y la reactivación de los sectores productivos más afectados por la pandemia a través de diferentes proyectos de FP Dual".
Sin embargo, ha alertado de que cuando se entra "en las cuestiones prácticas vinculadas a la gestión e implementación de los proyectos, nos encontramos con que, debido a la crisis sanitaria, la mayor parte de las empresas que colaboran en estos proyectos, tanto en Baleares como a nivel nacional, se encuentran actualmente con parte de su plantilla en situación de ERTE".
Esta situción genera, según Sáenz de San Pedro, "una gran inseguridad jurídica a la hora de tomar la decisión de formalizar los contratos de formación y aprendizaje que requieren estos proyectos y, en consecuencia, se obstaculiza su puesta en marcha”.
ORGANISMOS ESTATALES
Desde la Asociación de Industriales de Mallorca, se ha dado cuenta al Govern sobre esta problemática con el objetivo, siguiendo la explicación del director general de Asima, de "contar con su apoyo y conseguir resolver esta cuestión, ya que entendemos que el Ejecutivo autonómico debería ser el primer interesado en encontrar las fórmulas adecuadas que posibiliten el desarrollo de estos proyectos con la seguridad jurídica necesaria".
No obstante, Sáenz de San Pedro ha lamentado que su requerimiento "no ha obtenido una respuesta favorable, ya que nos han indicado que las cuestiones vinculadas a los ERTE se definen en el ámbito nacional y no dependen directamente de la Administración autonómica. Básicamente, nos han indicado que han trasladado el tema a los organismos estatales vinculados al Gobierno de España”.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La intención de Asima es agilizar tanto como sea posible la puesta en marcha de estos proyectos con la finalidad de apoyar la reactivación económica y la mejora de las posibilidades de futuro profesional de los jóvenes a través de su cualificación. Con este fin, paralelamente a los pasos de la Administración, Sáenz de San Pedro ha destacado que la meta es “trasladar a quien corresponda en el ámbito nacional esta problemática, de forma que se logre flexibilizar la normativa que permita la seguridad jurídica que solicitan las empresas colaboradoras”.
Básicamente, la petición de Asima engloba convocatorias de formación, dentro de los programas de empleo subvencionados y, según ha precisado su director general, "sin obligación de contratación una vez finalizados los proyectos. Por tanto, estos contratos de formación y aprendizaje ligados a la FP Dual no suponen ampliación de plantilla, ya que su objetivo es la obtención de certificados de profesionalidad”.