La declaración de un segundo estado de alarma en España sólo puede interpretarse como un rotundo fracaso colectivo en la lucha contra la pandemia, aunque en la asignación de responsabilidades no se puede considerar por igual a los ciudadanos que a aquellos que, por cargo, tienen la obligación de gestionar la situación.
En el terreno político, desde que en junio acabó el primer estado de alarma -el que había llevado al confinamiento general de la población en marzo-, la lucha contra la pandemia no sólo no ha conseguido frenar el virus sino que ha situado al país con los peores registros entre aquellos de nuestro entorno y lo ha colocado entre los cinco primeros países del mundo con mayor número de contagios. 35.000 personas han perdido ya la vida en nuestro país y el número de infectados supera la cifra total del millón de contagios, que serían tres millones según reconocía este viernes el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La dispar gestión por parte de las autonomías, los pasos adelante y atrás en las normas para la convivencia y los negocios, el caos en las cifras, la asombrosa falta de medios para el rastreo de afectados, la insuficiente realización de test y pruebas PCR, el tacticismo político, o las propias dificultades legislativas para aplicar medidas rápidas y contundentes -con la judicialización de las decisiones que en muchos casos ha supuesto esta falta de normas- explican una parte muy importante de la triste situación que ahora afrontamos.
En el terreno ciudadano, habiendo sido ejemplar el comportamiento de una inmensa mayoría de españoles desde el inicio de la crisis, es innegable el incivismo y la falta de solidaridad que muchos han demostrado, convirtiendo sus acciones en un peligro para la salud y un lastre para la recuperación. Quizá el mensaje institucional cuando en junio se anunció solemnemente que habíamos vencido al virus, y las llamadas a salir a gastar deberían haberse modulado mejor por parte de Moncloa para evitar del desfase que hemos vivido estos meses.
Como fruto de todo ello, el país se enfrenta a una segunda ola que coincidirá en breve con la temporada de gripe y el tiempo invernal -para el que se vuelven a prever semanas "muy duras" de contagios y muertes-, y con un nuevo estado de alarma que, ahora, se puede prolongar nada menos que hasta mayo. Y todo ello sin que de momento se hayan activado mecanismos para mejorar la gestión, ni se hayan arbitrado medios para aumentar el control de los rastreos o el incremento de pruebas.