La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ha anunciado este martes la suspensión de las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia en la prisión de Palma, y también en otros centros penitenciarios del país, concretamente los de Madrid, País Vasco, La Rioja, Navarra y Zaragoza, además de las dependencias 'Valencia-Antoni Asunción'.
Según ha informado en un comunicado el Ministerio del Interior, esta decisión tendrá una vigencia de 21 días y no afecta a las comunicaciones ordinarias, a través de locutorio y sin contacto físico entre los reclusos y sus visitantes. Desde el departamento que encabeza el ministro Fernando Grande-Marlaska, se ha dado cuenta también de que se reforzará el sistema de videollamadas para paliar las consecuencias de estas restricciones.
Esta suspensión llega después de analizar, caso por caso, la situación en cada uno de los centros penitenciarios que dependen de la Administración General del Estado en función de los últimos datos epidemiológicos facilitados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. En este sentido, tras el final del estado de alarma, se han registrado 31 diagnósticos positivos entre la población privada de libertad. La práctica totalidad de casos han coincidido con el regreso de los presos a la cárcel tras disfrutar de permisos y con el ingreso de nuevos internos.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA CENTRO PENITENCIARIO
Durante las últimas semanas, Instituciones Penitenciarias ha estudiado las propuestas enviadas desde los centros penitenciarios y ha emitido recomendaciones específicas para cada uno de ellos. También ha recordado las medidas de la 'nueva normalidad' que se dictaron en junio y julio, y que disponen cuarentenas sanitarias de entre siete y diez días para los internos que ingresen en la cárcel o que vuelvan de los permisos, el uso obligatorio de mascarilla tras las comunicaciones especiales, y el mantenimiento del distanciamiento social.
Esta suspensión de las comunicaciones se enmarca en la orden ministerial INT/407/2020 de 12 de mayo, en la que se establecía la posibilidad de revertir la vuelta a la normalidad en el ámbito de Instituciones Penitenciarias si la situación epidemiológica así lo aconsejaba.
Según el Ministerio de Interior, durante el estado de alarma, la afectación de la Covid-19 entre la población privada de libertad fue cuatro veces inferior a la de la población en general. Durante los tres meses de confinamiento, se registraron 85 positivos entre los internos. En el caso de los funcionarios penitenciarios, el acumulado de positivos desde el 21 de junio es de 36.