Congelar el sueldo a los funcionarios, una decisión consecuente

El Govern balear ha optado por congelar el sueldo de sus funcionarios y altos cargos. La medida, criticada ya por los sindicatos, se aplicará a través de una bajada en los complementos que compense la subida del 2 por ciento aprobada por el Consejo de Ministros para 2020.

Con esta decisión, el ejecutivo presidido por Francina Armengol se desmarca del resto de administraciones y adelanta una medida que tiene varias lecturas. Por un lado, las arcas de la comunidad podrán ahorrar más de 35 millones de euros en un contexto social y económico de crisis acuciante, con un incremento del gasto público obligado en determinadas partidas -educación, sanidad...- y una bajada en la recaudación de los ingresos por la reducción de la actividad económica.

Por otro lado, significa un paso consecuente con el escenario de crisis que sufren miles de empresas y trabajadores de las Islas que no tienen el paraguas de la administración pública y cuyos ingresos dependen exclusivamente de la evolución económica de sus negocios. Un paso que, por esta misma razón, podría ir acompañado de más medidas de reducción de la estructura del propio Govern, de sus asesores y cargos adicionales.

Los sindicatos anuncian conflicto social a cuentas de la medida acordada por el Govern. No transigen con una decisión que querrían haber debatido y votado en las mesas de negociación, a pesar de que la medida deberá ser tramitada antes de fin de año en el Parlament.

Mantener sus salarios -y sus puestos de trabajo- es una opción que desearían los miles de trabajadores de Baleares que actualmente se encuentran sometidos a regulaciones de empleo temporales (ERTEs) y otros muchos que tienen serias dudas de que puedan mantener sus empleos en un futuro cercano. Apelar al corporativismo de la forma que ya apuntan los sindicatos por no querer renunciar al incremento del 2 por ciento en el marco de la peor crisis vivida en las Islas no será comprendido por la sociedad balear.

Los trabajadores públicos deben estar bien pagados; no en vano cubren un servicio esencial habiendo conseguido sus plazas -la gran mayoría de ellos- en concursos y oposiciones. Pero mostrar un ápice de solidaridad con el resto de trabajadores no sólo es una opción ética, sino que ayudará a la administración a acometer tareas urgentes de interés general que requerirán de una dotación presupuestaria.