Perversiones políticas

Ha sido preciso mostrar el grave deterioro del Estado, puesto en evidencia por el COVID 19, para que la alarma sea pública y no se circunscriba a determinados círculos “ilustrados”. Nos habíamos creído que podía llegarse a ser “demócrata de toda la vida” con sólo unos pocos ejercicios de democracia formal.

La perspectiva de ruina es la retribución del pueblo español por sus “pecados” de acción y omisión; de acción por dejarse llevar de un optimismo negligente, por abrazar formalmente falacias, por prestarse sumisamente a aceptar un absurdo tras otro. El pueblo español es culpable in vigilando de la perversión democrática, por perder el horizonte de que el único ambiente en que una sociedad libre puede pervivir, es una atmósfera cultural y moral que promueva una visión de la naturaleza humana ni muy optimista ni muy pesimista. El optimismo crónico o el pesimismo desconfiado son antesalas del colectivismo autoritario y en sus aledaños nos movemos.

El filósofo americano Reinhold Niebuhr, afirmaba: “La capacidad de justicia del hombre hace la democracia posible, pero la inclinación del hombre a la injusticia hace la democracia necesaria”. La democracia utiliza formalismos como instrumento de relación, pero sólo son válidos si sirven a la justicia. Confundir el formalismo de las instituciones con la substancia de la democracia, sin referencia moral, es la base de la corrupción. Tampoco puede utilizarse el fraude de ley por los gobernantes para imponer sus visiones ideológicas.

En 1978, cuando el pueblo español abrazó la democracia, se contaba con una clase media lo suficientemente amplia para hacerla factible, pero no se fomentó el pesimismo necesario para comprender que se carecía de la tradición histórica, y por lo tanto cultural, necesaria para implantar el sistema. No se introdujeron las cautelas suficientes, por carencia de realismo y los esfuerzos se centraron en los formalismos. Durante la Transición se oyó a políticos ejerciendo una labor pedagógica de usos democráticos, de cuya experiencia ellos carecían. Se poseía la base económica en forma de clase media, pero se carecía de la formación democrática y política necesaria. En su lugar, se entró en la manipulación ideológica, con alusiones innecesarias a un trágico pasado lejano. El mejor ejemplo de esta manipulación la tenemos en la ley de la memoria histórica.

La falta de sólidos fundamentos democráticos convirtió a la sociedad española en fácil presa de las perversiones políticas. Cuántas veces se ha oído pregonar interesadamente que la sociedad española es una sociedad madura. Teóricamente los gobiernos democráticos tienen que apoyar un marco legal en el que cada individuo se procure su propia felicidad, tarea de la que los representantes políticos responden ante los ciudadanos. En la sociedad española, se han invertido los papeles y son los representantes los que les piden cuentas a los representados. El Estado ha penetrado en nuestra esfera moral y de ciudadanos hemos pasado a siervos.

La acción política se desarrolla en un ámbito de impunidad, algo que pervierte la democracia desde sus mismos fundamentos. A los políticos, por sus acciones se les piden sólo responsabilidades políticas, sin saber en qué consisten, y, por el contrario, a los ciudadanos se les exigen de todo tipo, entre otras, la reposición de los desmanes de aquellos. La práctica de esta anomalía está en la raíz que acarrea las desgracias del país.

En el próximo futuro hay que buscar la normalidad y la responsabilidad de vivir en democracia, teniendo presente que es una cultura, para lo que hay que:

• Darle a cada uno lo suyo, especialmente conocimiento y responsabilidad.
• Exigir que todos seamos iguales ante la ley en todo el territorio nacional.
• Arbitrar sólidos procedimientos para vigilar la actuación de los que ostentan la representación popular se limiten a velar por el interés general y que, de esta función, den cuenta de sus actos.
• Responder públicamente del empleo de la mentira como forma de hacer política.
• Reconocer que cada uno da de sí según sus capacidades, y que la acreditación de la necesaria capacidad y mérito, debe ser el criterio para acceder a los cargos o empleos públicos.
• Disminuir el tamaño del Estado y de las Comunidades Autónomas.
• La defensa de la democracia debe ser permanente, empezando por el cumplimiento de la Ley de Leyes, nuestra Constitución.