Dogmatismo estéril y muy poco solidario

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma se ha manifestado en contra del decreto de reactivación económica aprobado por el Govern la semana pasada. La Federació que preside Joan Forteza considera que el instrumento ideado para hacer frente a la crisis social y económica con la que se enfrenta la comunidad únicamente "favorece a los hoteleros, promotores y constructores", a la vez que "condena el medio ambiente, la biodiversidad y el territorio".

Desde su cómodo pontificado que se extiende ya una década, poco parecen importarle a Joan Forteza los 31.000 puestos de trabajo que podrán crearse con la aplicación del decreto. Para el presidente de la Federació -cómodo prejubilado bancario -, parece preferible mandar al paro a decenas de miles de ciudadanos que agilizar trámites administrativos o permitir obras en hoteles, que es lo que el decreto promulga.

Nadie debería hacer caso a este tipo de personajes, odiadores profesionales de quienes representan lo que su dogmatismo nunca tolerará, por mucho que se trate de acciones enfocadas a salvar la peor crisis económica con la que se enfrenta Baleares desde la Guerra Civil. Y aunque su predicamento no llega más allá de quienes se identifican con los intereses de su propia red -o se sirven de ellos-, es cierto que tiene una cuota de influencia en determinados ámbitos.

De hecho, muchos identifican a la Federació d'Associacions de Veïns como "la mano que mece la cuna" en el Ayuntamiento de Palma, una institución que acepta sus postulados a la vez que mantiene a la entidad que preside Forteza mediante la asignación anual de decenas de miles de euros públicos -al menos 130.000 euros el año pasado- concedidos para que la Federació d'Associacions de Veïns organice el Diumenge de l'Àngel o talleres de todo tipo en los casals de barri. Además de las asignaciones directas a las asociaciones que integran la federación -una de ellas la del propio Forteza, en es Coll d'en Rabassa- o la cesión de locales municipales para su uso.

Palma no está al margen de la crisis que se cierne sobre la economía. Y todos los medios que se puedan avanzar desde las administraciones -como es el decreto de reactivación- redundarán en una disminución del impacto provocado por la paralización de nuestra economía, que podría traducirse en una caída del 30 por ciento del PIB y miles de parados. No advertir esto, o -lo que es peor- advertirlo y no apearse de la ortodoxia, muestra una nula capacidad de empatía con quienes están expuestos a ser arrollados por la crisis.

Las instituciones que no censuran actitudes como esta y que, además, sostienen a quienes con ellas expresan una visión tan insolidaria harían bien en repensar qué sentido tienen los dineros públicos que les conceden. Especialmente ahora que el uso del dinero público tendrá que priorizar necesidades muy básicas, obligado a ser más eficiente que nunca.