Jueces exigen medidas para poner en marcha ya la actividad en los juzgados

La decisión de que la administración de justicia no avance esta semana en la desescalada del coronavirus prevista para reanudar la actividad en los juzgados preocupa a las principales asociaciones de jueces, que exigen que se adopten ya las medidas de seguridad necesarias para retomar el trabajo.

La última en sumarse a esta petición ha sido este lunes Jueces y Juezas para la Democracia (JJdD), que, a través de un comunicado, ha instado a las distintas administraciones públicas implicadas a proporcionar "de una vez por todas" los medios necesarios para el normal funcionamiento de la Justicia.

El jueves, la Comisión de Coordinación de Crisis del COVID-19 en la administración de Justicia acordó mantener la fase 1 de la desescalada, lo que supone continuar con la prestación del servicio con entre un 30 y un 40 por ciento de la plantilla, "ante la necesidad de evaluar de manera sosegada las medidas de seguridad colectivas y personales precisas para evitar los contagios en cada sede".

"A fecha de hoy las administraciones responsables de garantizar la seguridad e higiene de este servicio público esencial no han puesto en marcha las reformas necesarias en las instalaciones y la dotación de medios telemáticos imprescindibles para que, en un contexto de esta grave crisis sanitaria, la tutela judicial de los derechos y libertades esté permanentemente garantizada", denuncia JJpD, 65 días después de decretarse el estado de alarma.

El fin de semana alzó la voz la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, que ve "incomprensible" que cuando en toda España se permiten los paseos y se avanza en buena parte del país en la apertura de comercios y terrazas "un servicio esencial en un Estado de Derecho y en una democracia, como es la Justicia, continúe cuasi-paralizado".

DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA JUSTICIA

"Es paradójico que los ciudadanos puedan ir a la terraza de un bar, pero no a un juzgado", coincide la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que considera que mantener a la administración de justicia en la fase 1 supone una "flagrante vulneración" de derechos para los usuarios de la Justicia.

En la Comisión de Coordinación de Crisis del COVID-19 en la administración de Justicia participan, junto al Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las doce comunidades autónomas con competencias transferidas.

En un principio su objetivo era que en esta semana se entrara en la denominada fase 2 de la particular desescalada de los juzgados, que mantienen su actividad en mínimos y están centrados en la prestación de los servicios considerados esenciales.

En esa segunda fase se prevé la reincorporación de entre el 60 y el 70 por ciento de los funcionarios y en la 3 regresaría al trabajo el 100 por ciento de la plantilla, momento en el que se levantará la suspensión de las actuaciones.