Que los juzgados de Baleares están colapsados no es una novedad. Aún así, sorprende la evolución a peor que registran las estadísticas de casos en tramitación que se van publicando periódicamente. Esta semana conocíamos que las causas penales incoadas en los órganos judiciales de Baleares aumentaron un 2,37 por ciento en el tercer trimestre de este año y que quedan en tramitación más de 22.000 casos.
Este volumen de casos en espera de resolución se produce cuando, según datos del Consejo General del Poder Judicial, nuestra comunidad se haya notablemente por encima de la tasa de litigiosidad que se registra en el país. Baleares ocupa la segunda posición, por detrás de Canarias y por delante de Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias y Cataluña. Hay elementos que, si no justifican, sí explican parte de esta estadística. Una buena acción policial o una mayor sensibilidad a la hora de denunciar impulsan al alza esta estadística; de la misma manera que la masiva afluencia de turistas -las comunidades con más litigiosidad son todas turísticas- conlleva un mayor índice de delincuencia.
Se pueden buscar razones al repunte del número de acontecimientos que deben ser dirimidos ante la justicia. Pero nunca deberían servir de excusa para no avanzar en la adecuación de los mecanismos judiciales que requiere una comunidad como la balear. Se han producido mejoras en dependencias judiciales que resultaban tercermundistas, de la misma manera que se han arbitrado soluciones temporales a determinadas carencias. Pero la solución debería aplicarse de forma integral y definitiva, lo que implica asumir una importante inversión en infraestructuras y recursos.
De la misma manera que otras comunidades han llevado a cabo sus planes de "ciudad de la justicia", Baleares debería promover un salto cualitativo en su dotación de equipamientos: más y mejores juzgados para hacer frente a un mal endémico que no se acaba de resolver. Los sumarios acumulados en pasillos o las deficientes condiciones laborales suelen ser aspectos muy llamativos que ocupan espacio en la prensa, pero tras ellos subyacen miles de casos que esperan una resolución y que provocan que la Justicia, al ser más lenta, sea también menos justa.