La muerte de la joven de 15 años Paula Fornés, atropellada por una conductora ebria, sin carnet y que se dio a la fuga tras el accidente se saldará con una condena de cuatro años y nueve meses para la acusada. La sentencia la condena por un delito de homicidio imprudente, conducción sin carné y falsedad documental -circulaba con un permiso falso y sin seguro de responsabilidad civil- después de considerar probado que la acusada conducía bajo los efectos del alcohol; además, deberá abonar una multa de 1.800 euros y una indemnización de 173.688 euros a los padres y al hermano de la víctima.
La sentencia es ajustada a derecho, pero el impacto por la aparente levedad de la pena ha provocado una ola de indignación de la opinión pública, especialmente después de haber conocido, durante los días del juicio, los detalles de la tragedia ocurrida en la carretera de Sa Ràpita durante la noche de Sant Joan del año pasado. El padre de la víctima publicó en sus redes su deseo de que la sentencia se cumpla en su totalidad y que "la asesina" lo pase "lo peor posible en su estancia en la cárcel". La madre fue más allá: "Te das cuenta de que la Justicia no está de tu lado", escribió.
En redes los internautas no han escatimado en calificativos tachando la sentencia de indecente, ridícula, absurda, vergüenza, inexplicable...
La condena se ajusta al Código aplicable en el momento del suceso; el mismo delito cometido unos meses después -una vez reformada la legislación- habría representado dos años más de condena, lo que probablemente tampoco aplacaría la indignación general.
Es cierto que nunca una pena mayor podrá servir de consuelo para los familiares y amigos de la fallecida. Pero no deja de llamar la atención la aparente desproporcionalidad de esta condena en comparación con otros delitos con penas superiores por imputaciones que no suponen ni muertes ni conductas tan antisociales. Por ello cabe una reflexión sobre los elementos a aplicar a la hora de establecer agravantes y atenuantes en sucesos tan graves, y si es necesario volver a modificar la legislación para que los ciudadanos sientan justas las decisiones de la Justicia. Empezando por los familiares de Paula, cuya indignación y desconsuelo son del todo punto comprensibles.