La convocatoria de nuevas elecciones generales tras el fracaso de las negociaciones mantenidas durante los últimos meses supone una pésima noticia para Baleares, cuyos ciudadanos e instituciones verán retrasadas una serie de soluciones a los problemas de financiación y a los costes de insularidad que soporta esta comunidad. El calendario que se abre con la llamada a urnas el 10 de noviembre supone que las nuevas cámaras no estarán conformadas hasta final de año y cualquier nueva negociación para formar un nuevo gobierno puede retrasarse varios meses.
Desde el punto de vista de Baleares, el fracaso político de quienes fueron elegidos en las elecciones del 28 de abril deja sobre la mesa la renegociación de un nuevo sistema de financiación, los aspectos fiscales del Régimen Especial para Baleares (REB) y el pago de los 177 millones que aún debe la administración central a cuenta del presupuesto de 2019 y que el ejecutivo de Sánchez se ha negado a abonar con el argumento de que no podía hacerlo por encontrarse el Gobierno en funciones. Se trata de 99 millones de los adelantos a cuenta del sistema de financiación y otros 78 millones de la liquidación pendiente del IVA de 2017.
El pésimo horizonte se completa con un escenario de desaceleración económica, la incertidumbre por la evolución del Brexit, los previsibles recortes económicos en el sector público -por la necesidad de enjuagar el agujero de 500 millones en la hacienda balear- y una moderación en la llegada de turistas, elemento fundamental en la economía balear.
Los políticos que no han sido capaces de dotar a la nación de un gobierno estable se señalan unos a otros como responsables del fracaso. Pretenden desviar hacia el contrario la monumental ola de indignación que se ha desatado en la ciudadanía. De momento, en la calle se achaca el fracaso a la guerra de egos entre quienes han protagonizado las negociaciones, o al tacticismo político de Pedro Sánchez para forzar unas nuevas elecciones y rebañar votos en detrimento de Podemos y de Ciudadanos. La sensación mayoritaria es que los políticos no se aplican ningún tipo de autocrítica y que su incompetencia sólo es equiparable a la irresponsabilidad de haber perdido cinco meses de su trabajo. Una sensación que resulta bastante comprensible y que habrá que ver qué impacto tiene en la abstención y en los resultados de la nueva cita electoral.