La imposibilidad de conformar un nuevo gobierno de la nación y la convocatoria de nuevas elecciones para el 10 de noviembre retrasarán bastantes meses las soluciones a la financiación de Baleares que reclaman todos los partidos de la comunidad. El calendario que se abre con la nueva convocatoria supone que de haber pacto para la gobernabilidad del país, el nuevo ejecutivo no podrá tomar posesión hasta bien entrado el primer trimestre del 2020. Congreso y Senado se conformarán presumiblemente antes de las Navidades, pero las negociaciones para pactar el nuevo Gobierno se pueden prolongar por un periodo de meses, como ha ocurrido en la breve legislatura que ahora acaba.
El panorama deja sobre la mesa la renegociación de un nuevo sistema de financiación, los aspectos fiscales del Régimen Especial para Baleares (REB) y el pago de los 177 millones que aún debe la administración central a cuenta del presupuesto de 2019 y que el ejecutivo de Sánchez se ha negado a abonar con el argumento de que no podía hacerlo por encontrarse el Gobierno en funciones. Se trata de 99 millones de los adelantos a cuenta del sistema de financiación y otros 78 millones de la mensualidad pendiente de la liquidación del IVA 2017.
Es mismo martes, el Parlament aprobó instar al Govern a continuar reclamando al Ministerio de Hacienda los 177 millones de euros pendientes que el Estado adeuda a Baleares por la liquidación pendiente del sistema de financiación autonómico y estudiar "otras medidas si el 1 de noviembre no se ha conseguido un compromiso firme". Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de recurrir a la vía judicial. El problema es que el 1 de noviembre coincidirá con el inicio de la nueva campaña electoral y cualquier actuación será muy difícil de consensuar entre los diferentes partidos en ese plazo.