El mensaje lanzado este viernes por el CEO de Palma Beach, Juan Miguel Ferrer, sobre la situación de la principal zona turística de Mallorca fue claro: “el cambio de modelo turístico en esta zona es incesante y las empresas que no apuesten por la excelencia no tienen ninguna opción en esta playa y por lo tanto morirán por el camino”.
En su balance de temporada, Palma Beach -marca de calidad que agrupa a medio centenar de empresas de todos los sectores radicadas en la Playa de Palma- destacó el intenso trabajo que se está desarrollando en la zona para mejorar los establecimientos turísticos privados, así como la imagen de la zona. Una tarea en la que la aportación de las administraciones públicas sigue mostrando carencias y lentitud en la toma de decisiones.
Los empresarios valoran determinadas acciones de los poderes públicos, de los que consideran que de momento "han pasado de la ignorancia a las buenas palabras"; queda por dar el paso a la ejecución de proyectos concretos -equipamientos, aparcamientos, seguridad...- que ayuden a posicionar Playa de Palma como destino turístico de calidad.
En el último estudio económico realizado sobre la zona, los economistas Catalina Barceló y José Antonio García concluían que Playa de Palma supone un impacto económico total de 1.437 millones de euros, lo que equivale al 3,16 por ciento del PIB balear. Este potencial económico debería ir de la mano de actuaciones públicas de mayor envergadura, en línea de lo que los empresarios llevan desarrollando durante los últimos años.
El retorno a Playa de Palma del 50 por ciento de la recaudación de la ecotasa en la zona y un aumento de los efectivos policiales -así como una mejor legislación o, como mínimo, el cumplimiento preciso de las ordenanzas vigentes- contribuirían al incremento de la calidad y la reducción del incivismo que persigue la zona. Y no sólo para mejorar y proteger el turismo, sino para atender muchas reclamaciones de residentes que, o bien viven en la zona o la frecuentan para su propio disfrute.