Soberanía psicopatológica

¡Albricias! Al fin los ciudadanos disponemos de una Dirección General de Soberanía Alimentaria, algo que sin duda estaban todos ustedes esperando como agua de mayo.

Ya les advierto que para entender este neologismo progre los diccionarios no sirven, porque ni en catalán ni en castellano existe acepción alguna del término ‘soberanía’ que remotamente pueda relacionarse con lo que comemos, o al menos eso creía yo hasta ahora.

El buscador, sin embargo, nos revela que el nuevo departamento podemita no es una invención de la intelligentsia morada, sino el resultado de una declaración del foro que tuvo lugar en una ciudad de Mali, junto a la frontera con Guinea-Conakri, en el año 2007, organizado por los movimientos Vía Campesina y Marcha Mundial de Mujeres.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados. Hombre, digo yo que, ciertamente, en muchas naciones africanas tiene mucho sentido que se luche por el acceso a alimentos nutritivos –y a veces, a alimentos, a secas-, no tanto como derecho de ‘los pueblos’, como de los seres humanos individualmente considerados, habida cuenta que los regímenes imperantes en esos países mantienen en la miseria y el hambre extrema a sus ciudadanos, mientras el corrupto mandamás de turno y su camarilla se atiborran con el producto de su latrocinio y la apropiación de las ayudas que reciben del primer mundo.

De la Concha no muestra tampoco demasiados indicios de estar mal alimentada y, por fortuna, en Balears este no es un problema social tan grave como para crear una Dirección General que barnice de ideología la gestión de la solidaridad.

Pero si seguimos leyendo la llamada Declaración de Nyéléni, que formula las bases de la soberanía alimentaria, la cosa se acaba entendiendo más, porque bajo el pretexto de ese buen propósito de que cada quien esté dignamente alimentado, se oculta, como era de esperar, la diarrea ideológica propia de esta tropa, tan aficionada a meterse hasta en los más íntimos aspectos de nuestra vida privada.

Lo de alimentos culturalmente adecuados imagino que supone, además de que el Govern acabe estableciendo un índice de lo que es o no ideológicamente aceptable para nuestros estómagos, una concesión a todos aquellos colectivos nacionales, religiosos o políticos que evitan comer determinadas viandas porque, si lo hicieran, arderían en sus respectivos infiernos, es decir, un guiño a la superstición acientífica y un retroceso a las oscuras épocas en las que los poderosos imponían a los individuos lo que debían o no comer mientras ellos daban buena cuenta de toda clase de manjares.

Más adelante, la citada declaración señala que la soberanía alimentaria nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre. Ya me extrañaba a mí que los comunistas no acabaran enseñando la patita. Esto último no debe sorprendernos en absoluto, si tenemos en cuenta que Vía Campesina, con sede en Yakarta (Indonesia), se define políticamente como movimiento anticapitalista. De lo que se trata, por tanto, es de que la soberanía alimentaria ‘de los pueblos’, decidida desde un cómodo despacho, se cisque en el soberano derecho de los ciudadanos, singularmente considerados, a comer aquello que les venga en gana o puedan adquirir con su dinero en el execrable y criminal mercado libre, plagadito de abyectas empresas.

Se ve que Armengol, responsable en último término de esta mamandurria a medida de sus socios radicales, ha olvidado que nuestra Constitución, en su artículo 38, reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, por lo que esta filfa de la soberanía alimentaria quizás encaje mejor en Cuba o Corea del Norte que en Balears, lugares en los que, por cierto, el comunismo tiene entre sus principales logros la hambruna de sus respectivos pueblos.

El texto continúa con la letanía de consignas habituales, que mezcla, en un totum revolutum propio de la empanada mental morada, la igualdad entre hombres y mujeres, el otorgamiento del poder a ‘los campesinos’ y ‘los pastores’, los ingresos dignos para ‘los pueblos’, y toda clase de lemas pancarteros. Por cierto, yo creía que las rentas o ingresos del trabajo se obtenían individualmente, pero está visto que a los podemitas les interesa enfatizar eso tan decimonónico de ‘los pueblos’ para acabar negando derechos a los descarriados ciudadanos, un clásico de todos los regímenes socialistas.

Me pregunto qué clase de soberanía alimentaria se debe practicar en las pool party del chalet de Galapagar, y si Iglesias ya estará considerando seriamente sustituir su piscina –símbolo de estatus burgués por antonomasia- por un alimentariamente soberano huerto km. 0, para poder prepararse con sus frutos un gazpacho culturalmente adecuado que atribuya el poder al campesinado del noroeste de Madrid en plena igualdad de hombres y mujeres, y todo ello para resistir y desmantelar el libre comercio.