Izquierda Unida denuncia la “desorbitada" subida de sueldo del alcalde de Capdepera

“La desorbitada paga del alcalde de 53.000 euros brutos supone 14 pagas de 3.785 euros”, exponen en una nota la formación de la que es regidor Jonathan Áxel Romano.

Durante el pleno del pasado 15 de junio dejaron claro que los salarios de los políticos de Capdepera son muy elevados y pidieron al PSOE que “si de verdad es un partido socialista tenga en consideración que nuestro pueblo de Capdepera no puede hacer frente a estos salarios desproporcionados, y que además representan una injusticia social”.

Insisten en recordar que los políticos “son también trabajadores del pueblo”, y por ello entienden que “no pueden ganar salarios tan elevados”.

Han propuesto que los salarios de los políticos se adecúen a la media de los salarios en el municipio, que cifran entre 22.000 y 25.000 euros al año.

La formación de izquierdas exige a los socialistas que hagan el esfuerzo “por velar condiciones laborales dignas para todos los trabajadores del municipio” haciendo especial hincapié en los trabajadores de la hostelería de Capdepera que aseguran “están olvidados por el alcalde del PSOE”. Insisten en que su situación es precaria y “hay muchas malas condiciones donde a los trabajadores no se les pagan las horas extras, los finiquitos, los feriados, incluso en algunos sectores hay trabajadores que no están dados de alta la jornada completa, lo que supone un perjuicio para su cotización, la jubilación y el paro o la ayuda del INEM”.

Sugieren una consulta popular para que se decida qué es lo que quieren hacer con el dinero del pueblo.

Por otra parte, recuerdan que además hay una paga de 70 euros por pleno, que por 8 concejales del equipo de gobierno suponen 560 euros. Asimismo, se pagan 35 euros por cada comisión informativa y 175 por la junta de gobierno para cada regidor. Suman una asignación económica mensual fija al partido de 160 euros y otra asignación mensual variable de 35 euros.

Además, denuncian que el PSOE ha recortado las sesiones plenarias pasando de ser mensuales a bimensuales, lo que entienden como “un recorte en la democracia” en un espacio de expresión del pueblo y la oposición.