Registro de horarios laborales: un perjuicio para pimes y autónomos

A partir de esta próxima semana, todas las empresas -grandes, pequeñas o autónomos con trabajadores a su cargo- deberán llevar un registro exhaustivo del horario laboral que realizan sus asalariados cada día. El objetivo es que los empleados puedan cobrar por las horas extras realizadas y que las empresas coticen a la Seguridad Social por este incremento de nómina.

Esta nueva práctica obligatoria parte de una reclamación largamente planteada por los sindicatos y aceptada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de marzo, cuando aprobó un real decreto de medidas urgentes de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Gobierno y sindicatos calculan que en España se realizan en torno a 6,5 millones de horas extras cada semana, de las que casi la mitad quedan sin remunerar -y sin cotizar-. Poner orden en este asunto parece acertado, pero la forma elegida ha provocado mucha incertidumbre cuando no duras críticas, especialmente por parte de las pequeñas empresas que consideran que el sistema para solucionar el problema va a generar muchos otros, afectando al ambiente laboral, a la productividad y a la competitividad de los pequeños frente a las grandes compañías.

A las pequeñas empresas, este aumento del papeleo diario puede suponerles una mengua notable en el tiempo dedicado a los procedimientos administrativos. Argumentan, además, que las pimes, autónomos y microempresas siempre se han movido en una relación de confianza con sus trabajadores por lo que consideran que la implantación de este registro únicamente generará conflictos.

El problema puede crecer en la medida que el propio decreto no establece un sistema concreto de registro ni aporta soluciones a determinados tipos de empleos con horarios más flexibles, como los directivos, comerciales, etc...

Con esta medida, el Gobierno complace a los sindicatos -exponiendo a las empresas a sanciones que pueden alcanzar los 6.250 euros- pero la fórmula se parece mucho al sistema de matar moscas a cañonazos, tratando por igual a todo tipo de empresas y convirtiendo a España en uno de los países más restrictivos de Europa en este asunto; posibilitando, además, la presentación de múltiples reclamaciones por todas las partes.