Según la propia federación vecinal, el proyecto se tendría que ejecutar durante los próximos cuatro años y las viviendas tendrían que ser de titularidad municipal y administradas por el Ayuntamiento de Palma, aunque la financiación correspondería a la Comunidad Autónoma.
La federación justifica esta propuesta señalando que la falta de vivienda pública de alquiler en Ciutat destinada a jóvenes y clase trabajadora es uno de los prinicipales problemas y que pese a esta situación de emergencia no se han presentado soluciones.
Por todo ello, la federación solicita a los partidos políticos un verdadero compromiso "y la mejor manera de hacerlo es trasladándolos a sus programas electorales, es decir, comprometiéndose públicamente con toda la sociedad".
La federación propone que se construyan 200 viviendas de una habitación, 300 de dos habitaciónes y 500 de tres habitaciones con un coste total de 100 millones de euros.
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