Urgen medidas públicas para frenar el fenómeno okupa

Entre las informaciones de este jueves, mallorcadiario.com describía una acción para desalojar una edificio 'okupado' en el centro de Palma. La actuación, realizada por una empresa privada especializada en acciones de este tipo a nivel nacional, se desarrolló sin provocar ningún alternado y permitió tapiar el edificio para que sus propietarios le den el uso que consideren. Se trata de un caso puntual que, sin embargo, no es equiparable a la mayoría de episodios protagonizados por okupas en localidades de las Islas.

No existen datos sobre la cantidad de viviendas 'okupadas' en Baleares, pero la percepción ciudadana es que se trata de un fenómeno que se ha extendido en los ultimos años y ante el que las administraciones no han sabido dar una solución; hasta el punto de que muchos propietarios se ven obligados a recurrir a empresas como la citada para resolver aquello que los organismos públicos son incapaces de acometer.

El desamparo de los propietarios es directamente proporcional a la inacción de las administraciones. Por eso, es necesario que se adopten medidas concretas como la que rechazaron este miércoles los partidos del Pacte en el Parlament balear. La iniciativa perseguía que el Parlament instara a las fuerzas políticas nacionales para que dieran luz verde a endurecer el Código Penal -pasando de las multas actuales a condenas de cárcel de entre uno a tres años-, y se posibilitaran acciones de la Policía para desalojar viviendas 'okupadas' en un plazo de entre 12 y 24 horas. Al final, los partidos del Pacte impusieron su mayoría en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Parlament y la propuesta fue rechazada.

El fenómeno okupa no tiene que ver con el problema de acceso a la vivienda, que es real y que debe encontrar una solución en el terreno de la ordenación legal y la planificación urbanística. Al contrario, los casos más conflictivos que se han vivido recientemente en zonas de Marratxí o de Palma, por ejemplo, son casos protagonizados por auténticos profesionales que conocen las leyes que les pueden amparar de la misma manera que saben planificar un asalto a una vivienda vacía o cambiar una cerradura en cuestión de minutos.

Esta es la realidad que deberían ver los responsables políticos y sobre las que se debería adoptar medidas concretas; medidas que satisfagan a los ciudadanos, que con actuaciones ilegítimas como las de los okupas, ven mermado un derecho fundamental a la vez que se producen serios problemas de convivencia.