Se equivocaron, rectifiquen!!

Con los últimos datos de INE sobre natalidad y fecundidad que confirman una vez más el invierno demográfico en que nos encontramos, hay que exigir al Govern la restauración de la Ley de protección a la maternidad que se derogó a principio de legislatura ya que dichos datos reafirman que la protección de la maternidad es indispensable para no empeorar el declive demográfico y nuestro estado de bienestar social.

La derogación de la Ley de protección a la maternidad aprobada en la pasada legislatura fue un alarde de maternofobia ,característica del feminismo más radical, el de aquel que considera la maternidad como una lucha de clases entre el hombre –opresor- y la mujer –oprimida-, típica de la ideología de género que se han propuesto imponer a toda la sociedad con la connivencia del silencio de los que no quieren actuar porque no es políticamente correcto.

La finalidad de esta ley es la configuración de un marco legal adecuado para la protección del derecho de la embarazada a ser madre y el establecimiento de una serie de actuaciones por parte de los poderes públicos que tengan como elemento nuclear la ayuda a la mujer embarazada y la consideración de la maternidad como un bien individual y social.

La protección de la maternidad exige contemplar a la vez los derechos del concebido pues éstos redundan en fundamento de aquella.

El marco jurídico adecuado para la protección de la maternidad debe partir de la idea de que el concebido y no nacido goza de protección en el propio texto constitucional, más concretamente, en el artículo 15 de la Constitución y en el reconocimiento de los principios constitucionales explicitados por el Tribunal Constitucional a partir de su Sentencia 53/1985, que a su vez tiene como base fundamental el reconocimiento de un estatuto jurídico al nasciturus, que constituye un “bien constitucionalmente protegido”, según palabras del propio Tribunal Constitucional. Precisamente la carencia de aspectos referidos a la protección de la maternidad es una de las carencias históricas en las Islas Baleares. Por ello es muy aconsejable una ley como la presente que regula con detalle la protección de la maternidad y el estatuto jurídico-civil básico del concebido aún no nacido, pues ambas materias se complementan y se apoyan mutuamente.

Es la naturaleza de bien constitucionalmente protegido, del nasciturus, la que impone a la CAIB dos obligaciones, también según el Tribunal Constitucional: “la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma”. La protección de la vida del concebido y la protección del derecho de la mujer a la maternidad son las dos caras de la misma moneda. A cumplir esas obligaciones tiende la presente ley.

La necesidad de que la Administración ofrezca, atendiendo a su mandato constitucional, a las mujeres embarazadas, todas las medidas a su alcance para, por un lado, defender la expectativa de nacer del niño, y, por otro, garantizar una protección integral del derecho a la maternidad de la mujer.

Los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno y las legislaciones de las Comunidades Autónomas han ido incorporando en los últimos años leyes protectoras de la maternidad. Hay, por tanto, una auténtica demanda social de una norma de protección a la maternidad. A estos propósitos responde la presente ley y por ello en ella se recogen un conjunto de medidas administrativas, económicas, laborales y sociales que permitan a las mujeres ejercer efectivamente su derecho a la maternidad.

Todo esto lleva a concluir que la maternidad merece todo el amparo de los poderes públicos, tanto por ser proyección del derecho de la mujer al desarrollo de su personalidad como por estar implicada siempre una vida, la del concebido y no nacido.

Por otra parte la Unión Europea no deja de poner de manifiesto el gravísimo problema demográfico que afronta la sociedad occidental en general y nuestro país en particular. A partir de aquí, la CAIB debe coadyuvar activamente a remover los obstáculos que muchas mujeres encuentran para realizar su deseo de ser madres.

La derogación de esta Ley de protección de la maternidad mina el establecimiento de unas políticas públicas de apoyo a la mujer gestante para garantizar su derecho a ser madre, removiendo los obstáculos que dificulten el real ejercicio de este derecho en línea con lo que han venido haciendo en los últimos años varias Comunidades Autónomas, en muchas ocasiones como respuesta a impulsos de la sociedad civil, cuya contribución en las políticas de ayuda a la maternidad constituye también uno de los pilares de esta normativa, dejará sola a la mujer gestante sin el apoyo y la ayuda de quién debe velar por su seguridad, la administración.

De todo ello se resentirá toda una sociedad que cada vez se vuelve más vieja y que va perdiendo su esperanza demográfica para mantener el nivel de bienestar que hemos alcanzado. La maternidad sí importa y hoy más que nunca . Y por eso hay que exigir al Govern la restauración de la susodicha ley . Se equivocaron y por eso hay que rectificar , los datos lo confirman.