Cerrojazo a las 750 viviendas de Son Bordoy, en Palma, entre la barriada el Molinar y la Autovía de Llevant. El polémico proyecto urbanístico avalado por el Ayuntamiento de Palma ha sido frenado por el conseller de Territorio, Energía y Movilidad. Una pregunta del diputado popular Antoni Camps ha llevado al Govern a reconocer el final de Son Bordoy.
El conseller Marc Pons ha confirmado que no sólo no se aprobará, sino que ni siquiera se analizará en lo que queda de legislatura. La presión ecologista, la denuncia de un posible caso de corrupción que vincularía al PSIB-PSOE con Sa Nostra, y la destrucción de parte del entorno rural de El Molinar han enterrado el proyecto.
La valoración no ha llegado mientras arrecian las críticas. El diputado popular Antoni Camps ha calificado el proyecto de "pelotazo urbanístico" y ha dicho que el caso "tiene todos los ingredientes de la típica corrupción socialista".
UN PROYECTO DEL PACTE
El proyecto de Son Bordoy ya fue abordado durante el segundo Pacte, impulsado por la entonces alcaldesa Aina Calvo y recogido después por el también alcalde y ahora responsable de Urbanismo, José Hila. Entonces se planteó construir hasta 850 viviendas, 134 de protección oficial. El Ayuntamiento de Palma lo aprobó el pasado mes de mayo con 750 viviendas, equipamientos y espacios verdes sobre una superficie de 118.000 metros cuadrados.
Desde las primeras fases ha generado críticas de grupos ecologistas. Desde el GOB se apunta que la relación entre Son Bordoy y el PSIB "aparece casi desde el comienzo, a través de su principal primer promotor urbanístico, José Miguel García". "Por motivos desconocidos, García traspasó los terrenos pocos meses antes de la aprobación de la Ley Carbonero a Haras Gestión del Suelo, una de las sociedades pantalla del empresario Martí Gual", sostienen.
DENUNCIA DE PELOTAZO URBANÍSTICO
La llamada Ley Carbonero preveía una “reserva estratégica de suelo” que permitía aumentar la edificabilidad en suelo rústico si la promoción incluía una parte de VPO. Y es ahí dónde se cuestiona el proyecto: el cupo de VPO podría encubrir un pelotazo urbanístico de centenares de pisos como denuncian ecologistas y parte de la oposición.
Ya en mayo y ante las críticas del GOB, la presienta Francina Armengol se opuso a los ecologistas. Reiteró que las afirmaciones del GOB sobe Son Bordoy "son falsas" y ha aseguró que el Ejecutivo balear "valorará" el proyecto "en base al interés general".