En la declaración aprobada, el Parlament constata que el cierre de Cemex en Lloseta supondría "la ruptura de la actividad de toda la comarca de Lloseta, con un importante número de personas y familias afectadas directamente o indirectamente".
Además, también alertan de que el cierre de la cementera podría suponer un aumento de costes para el sector de la construcción, al tener que importar material desde Tarragona, y un incremento de la dependencia exterior.
El Parlament recoge las reivindicaciones de los trabajadores que insisten "en la viabilidad de la planta de producción" y sobre "que la decisión de cierre se ha tomado ante la expectativa de reducción de beneficios" por la adaptación a nuevas limitaciones de emisiones contaminantes.
Así, en el texto aprobado, el pleno lamenta que la decisión se haya tomado "siguiendo criterios puramente economicistas del capital multinacional" y "sin tener en cuenta las repercusiones locales y económicas" para la región.
"Las instituciones de Baleares no pueden ser ajenas a lo que este cierre significa y es necesario que pongan de manifiesto su posicionamiento", detalla la declaración.